Los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, fueron despojados del esquema de seguridad con el que contaban desde que asumieron el cargo en 2020 por una disposición de la presidenta del órgano electoral, Blanca Alfaro. El año pasado, los jueces electorales denunciaron amenazas de muerte y Palencia obtuvo medidas cautelares de la CIDH.
📌 Ejecutivo analiza presentar acción penal contra el MP por secuestrar padrón electoral
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 29, 2024
En noviembre pasado, el entonces oficialismo del Congreso -dirigido por el partido VAMOS- consiguió al filo de la medianoche retirar la inmunidad a cuatro magistrados del TSE señalados de un supuesto fraude financiero por la compra de un programa informático. El proceso fue señalado de una persecución política para ejercer presiones en los magistrados ante un intento de golpe de Estado fraguado desde el Ministerio Público (MP), que buscaba impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.
De esa cuenta, el MP, que encabeza María Consuelo Porras, consiguió que un juez ajeno al control del caso girara cuatro órdenes de aprehensión contra los magistrados. Sin embargo, estos salieron del país con licencia de vacaciones hasta marzo último, cuando decidieron presentarse al juzgado de forma voluntaria. Los cuatro fueron ligados a proceso penal y obtuvieron arresto domiciliario.
DISPOSICIÓN DE ALFARO
El MP no estuvo de acuerdo con la resolución de la jueza entonces a cargo de la carpeta judicial, Karen Chinchilla, y presentó una apelación en la Sala Primera de Apelaciones. Dicha Sala le dio la razón al ente investigador y además resolvió sobre requerimientos que no habían sido solicitados: les prohibió ejercer el cargo y aumentó la fianza de Q100 mil a Q700 mil.
Para el 12 de abril, la juzgadora dio lectura a las modificaciones resueltas y con ello entraron en vigencia. Ese mismo día, Alfaro en su calidad de presidenta del TSE ordenó que la seguridad con la que contaban Palencia, Aguilera y Rojas les fuera retirada de inmediato. Ni la jueza Chinchilla ni la Sala Primera ordenó lo que dictó Alfaro.
Desde 2020, los tres togados contaban con un esquema de seguridad consistente en tres agentes relegados para su protección durante su jornada laboral. El cuarto magistrado titular, Mynor Franco, quien también fue ligado a proceso, desistió de esa protección desde que asumió el cargo.
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De acuerdo con el Ministerio de Gobernación (Mingob), los tres magistrados fueron beneficiados con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la División de Protección de Personas y Seguridad. La magistrada Palencia tiene cuatro elementos policiales designados para su resguardo. Mientras que Aguilera cuenta con tres y Rojas tiene dos.
La Hora acudió al TSE para obtener una postura de Alfaro, pero indicaron que la magistrada se encontraba en una reunión y saldría durante el día a atender invitaciones de otros eventos. Asimismo, indicaron que programarían una fecha para tener una cita con La Hora, pero al cierre de la edición de la nota no se ha remitido información de cuándo se llevará a cabo.
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AMENAZAS Y RESOLUCIÓN DE LA CIDH
El proceso electoral 2023 estuvo minado por resoluciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, así como por allanamientos y diligencias del MP. Previo a la segunda vuelta electoral, cuando Arévalo se disputaría la presidencia contra Sandra Torres, Alfaro denunció ser víctima de amenazas al igual que Aguilera.
Alfaro mostró su teléfono y el mensaje entrante a su bandeja que rezaba: «Cómo está blanca. Estamos pendientes de usted blanca, espero que vaya a cometer el error de cometer el fraude porque si se lleva a cabo se la va a acabar la carrera y nos vamos a cagar en su persona y su familia».
Fue hasta enero último que La Hora dio a conocer que la magistrada Palencia había solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger su vida y seguridad ante amenazas. Entre los hechos que describió figuraban tres seguimientos a su persona por sujetos desconocidos a bordo de motocicletas y un vehículo sin placas.
10 días después, la CIDH resolvió otorgarle la protección internacional. La última página de la resolución instruye a Guatemala a que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Palencia y las medidas para que «pueda seguir desempeñando sus labores como magistrada titular sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamiento o actos de violencia».
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