Seguridad magistrados TSE: Desenmarañando las declaraciones de Alfaro

Tras la publicación de este lunes 29 de julio de este diario titulada «TSE en riesgo: Por disposición de Alfaro, magistrados quedaron sin esquema de seguridad«, la presidenta del órgano electoral, Blanca Alfaro, convocó a una conferencia de prensa, en donde descalificó la nota periodística y se mostró molesta, pese a que La Hora la buscó días atrás para consignar su postura en el trabajo final.

TSE en riesgo: Por disposición de Alfaro, magistrados quedaron sin esquema de seguridad

De acuerdo con la publicación, Alfaro ordenó retirar el esquema de seguridad a tres magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) —que se encuentran ligados a proceso penal—. En la nota también se consignó que los togados cuentan con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), proporcionados por el Ministerio de Gobernación (Mingob).

ALFARO NO JUSTIFICÓ SEÑALAMIENTOS

A los magistrados Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños les fue retirado el esquema de tres agentes de seguridad con el que contaban desde el 2020, cuando asumieron el cargo. La disposición tomó vigencia en abril, luego de que la Sala Primera de Apelaciones reformara las medidas sustitutivas.

Mientras que el TSE les retiró la seguridad, el Ministerio de Gobernación (Mingob) puso a su disposición a tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la División de Protección de Personas y Seguridad para su resguardo, según la publicación.

Alfaro no negó lo anterior. «Queremos desmentir rotundamente», dijo Alfaro y subrayó que el TSE paga 19 raciones de comida a 19 agentes de la PNC que brindan seguridad a Palencia, Aguilera y Rojas.

De acuerdo con una resolución del pleno del TSE, por unanimidad se decidió que el órgano electoral pagaría dos tiempos de comida a los agentes de la PNC.

«En ningún momento esta presidencia les ha cambiado ninguna función. No se vale que sigamos saliendo nosotros de una manera confrontativa, de una manera mentirosa donde se diga que esta presidencia desde el 12 de abril de este año ha cambiado o quitado funciones», señaló Alfaro haciendo referencia al trabajo publicado por La Hora.

«El magistrado Mynor Custodio, de la misma manera que mi persona, no gozamos de seguridad de la Policía Nacional Civil ni del TSE, porque consideramos que tenemos un ángel que se llama Jehová de los ejércitos, que es el que nos cuida todos los días», confirmó los datos consignados en la nota de este diario.

Alfaro agregó que mientras los magistrados titulares afrontan «casi» cinco casos penales, ella enfrenta 34 procesos de investigación por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) . «Y no me estoy victimizando», recalcó.

Previo a la publicación de este lunes, este medio solicitó una entrevista a la magistrada Alfaro y representantes del TSE indicaron que programarían una cita. Hasta el momento no se ha concretado lo ofrecido por el TSE.

AMENAZAS

El proceso electoral 2023 estuvo minado por resoluciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, así como por allanamientos y diligencias del Ministerio Público (MP).

Previo a la segunda vuelta electoral, cuando el presidente Bernardo Arévalo se disputó la presidencia contra Sandra Torres, Alfaro denunció ser víctima de amenazas al igual que Aguilera.

Alfaro mostró su teléfono y el mensaje entrante a su bandeja que rezaba: «Cómo está blanca. Estamos pendientes de usted blanca, espero que vaya a cometer el error de cometer el fraude porque si se lleva a cabo se la va a acabar la carrera y nos vamos a cagar en su persona y su familia».

Fue hasta enero último que La Hora dio a conocer que la magistrada Palencia había solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger su vida y seguridad ante amenazas. Entre los hechos que describió figuraban tres seguimientos a su persona por sujetos desconocidos a bordo de motocicletas y un vehículo sin placas.

10 días después, la CIDH resolvió otorgarle la protección internacional. La última página de la resolución instruye a Guatemala a que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Palencia y las medidas para que «pueda seguir desempeñando sus labores como magistrada titular sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamiento o actos de violencia».