El informe que la Contraloría General de Cuentas (CGC) emitió en enero contradice los últimos hallazgos revelados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) el jueves último en torno al caso contra el partido Movimiento Semilla. El Ministerio Público (MP) con las nuevas pruebas apunta a la tesis de un posible fraude electoral en los comicios que le dieron la victoria al presidente Bernardo Arévalo.
El MP, de Consuelo Porras, fue condenado por la comunidad internacional el año pasado, luego de que la FECI, que dirige Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana intentaran romper el orden constitucional judicializando las elecciones generales. De esa cuenta, fueron señalados de confabularse para que Arévalo y Karin Herrera no asumieran como binomio presidencial. Las acciones les valieron el veto de 42 países a los operadores de justicia.
Sin embargo, los nuevos «hallazgos» del MP guardan similitud con la denuncia que interpuso el secretario general y representante legal del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Víctor Israel Guerra, contra los magistrados del TSE por los delitos de abuso de autoridad con propósito electoral e incumplimiento de deberes.
FECI EXPONE NUEVOS HALLAZGOS
El pasado 19 de junio, la también sancionada fiscal de FECI, Leonor Morales, se presentó al Juzgado Séptimo Penal A, a cargo del juez Fredy Orellana. La fiscalía solicitó que se incluyan nuevas pruebas en el caso contra Semilla, una carpeta judicial que sostiene la presunta falsificación de firmas y anomalías para la constitución del partido político que llevó a Arévalo a la presidencia.
Pese a que dichos ilícitos habrían sido cometidos en 2018 -cuando Semilla se constituyó como partido en el Tribunal Supremo Electoral (TSE)-, ahora el MP conexa hechos relacionados con el 2023 y que tienen relación con el uso del Programa Informático para la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), durante la segunda vuelta electoral.
La FECI indicó al juez Orellana que hubo «un escrutinio precipitado y materialmente imposible de suceder en la segunda vuelta electoral. 6 mil 640 actas número 4 fueron digitadas en horarios entre las 18:00 horas y las 18:44”.
Asimismo, la fiscal Morales dijo: “Se establece científicamente que el sistema TREP muestra en la segunda fecha electoral mil 151 actas subidas con horas previas al cierre oficial de las mesas receptoras de votos, fueron cargadas en un lapso de 12 horas aproximadamente, entre las 3:30 horas y 15:31 horas”.
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Otro de los argumentos fue que el día de la primera vuelta electoral, 25 de junio del 2023, «785 actas número 4 se ingresaron al sistema con horario previo al cierre de mesas de votación, es decir las gráficas de estas actas evidencian que las mismas ya existían antes de haber sido cerradas las mesas receptoras de votos, hecho el conteo de votos y creada el acta 4 de esas mesas, ya se tenían resultados antes que las personas votaran en esas mesas”.
La FECI también expuso al juzgador que el Departamento de Informática del TSE permitió el acceso al Sistema de TREP a individuos que no estaban contratados por la institución. Morales dijo que el personal de dicho departamento «posiblemente colaboró» en la comisión de las irregularidades.
INFORME CONTRADICE TESIS
Sin embargo, el informe de la CGC establece que no hubo una precarga en el sistema. «Se realizó la verificación de la utilización del procesamiento del Programa Informático TREP del Proceso Electoral 2023, por medio del tablero de datos de AWS (Cloudwatch), estableciendo que no hubo interrupción o caída en la utilización de dicho sistema informático para la segunda vuelta«, se lee en la página 22 de ese documento.
«Asimismo, por medio de consultas a nivel de base de datos se determinó que únicamente se utilizó este sistema informático para la digitalización, digitación y transmisión de documentos No. 4 para la segunda vuelta electoral, debido a que todas las actas estaban digitalizadas y digitadas por medio de dicho sistema informático», determinó la Contraloría.
El informe también detalla que la Fiscalía de Delitos Electorales con el acompañamiento del Jefe del Departamento de Desarrollo de Software verificó la integridad de la información alojada en la base de datos del Programa Informático para TREP.
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«Consistió en ejecutar consultas a nivel de base de datos determinando que para la segunda vuelta electoral la cantidad de mesas y de documentos No. 4 digitalizados y publicados, para la elección presidencial, es igual a la cantidad de digitados, 24,585», explica.
Además, la CGC determinó que 164 documentos No. 4 digitalizados y publicados «corresponden a la elección de corporación municipal, por lo cual hubo 164 mesas en las que existieron documentos No. 4 para la elección presidencial y para la elección de corporación municipal simultáneamente, estableciendo que no existe duplicidad de actas«.
La Contraloría verificó las validaciones que pide el sistema informático al leer el código QR que contiene los documentos No. 4, el cual era leído durante el proceso de digitalización, de las cuales válida que el documento no haya sido transmitido o digitado antes, que el usuario no podía transmitir u operar actas No. 4 de otro departamento o municipio diferente al que se encuentre asignado y el estado en el que se encuentra ese documento.
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MP FUNDAMENTA SUS «NUEVOS HALLAZGOS» EN DENUNCIA DE LA UNE
La denuncia de la UNE asegura una «duplicidad de actas: manifestando que han determinado como agrupación política, que existen actas con el mismo número de mesa, de la número 1 a la número 24,585. b».
Asimismo, apela a un «escrutinio precipitado y materialmente imposible de suceder: manifestando que el tiempo de realización de las juntas receptoras de votos, juntas electorales municipales no era materialmente posible». Extremo que argumentó la FECI ante el juez Orellana.
También la UNE asegura que hubo una «utilización de un sistema diferente al TREP: manifestando que tuvieron conocimiento que a los digitadores se les indicó que el TREP estaba teniendo problemas y que por esa razón se les instruyó a utilizar un sistema alterno».
CASO SEMILLA
La FECI y sus fiscales cobraron relevancia a nivel internacional en julio pasado, luego de que el entonces candidato presidencial de Semilla, Bernardo Arévalo, obtuviera un sorpresivo y significativo apoyo en la primera vuelta de las elecciones y asegurara su pase a la segunda vuelta para disputarse la silla presidencial con Sandra Torres, impulsada por la UNE.
Previo a que oficializaran a Arévalo y Torres como los que irían a segunda vuelta, el MP por medio de un video reveló una investigación contra el partido Semilla que aparentemente cambiaba el panorama. Las autoridades acusaron a Semilla de irregularidades en la recolección de firmas necesarias para su inscripción como agrupación política.
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La investigación y las acciones judiciales contra el proceso electoral en los meses siguientes fueron vistas y calificadas por la comunidad internacional como un intento de interferir en el proceso electoral y de socavar la candidatura de Arévalo, quien se había posicionado como un fuerte opositor a la corrupción y al status quo político.
Organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, así como diversas organizaciones de derechos humanos, expresaron su preocupación por la posible instrumentalización del sistema judicial para influir en las elecciones. Pese a estos desafíos, Arévalo avanzó a la segunda vuelta y finalmente ganó la presidencia en agosto de 2023, en un resultado visto como una victoria para la democracia y la lucha contra la corrupción en Guatemala.