La excanciller del gobierno de Jimmy Morales y ahora diputada del partido VALOR, Sandra Jovel, expreso su molestia tras la publicación del diario La Hora titulada «Distinto a otros casos, en el caso de Sandra Jovel, el MP ya no presentó amparo ante la CC» e indicó que iniciaría acciones legales en contra de este medio de comunicación y el autor de la nota bajo señalamientos de «calumnia, acoso y violencia psicológica contra la mujer».
El pasado 9 de mayo, cuando este Diario dio a conocer el cierre del proceso penal que enfrentaba por una supuesta adopción irregular, compartió la nota en su cuenta de X asegurando que fue arrastrada por un sendero marcado por la malicia y difamación, pero que con el cierre del caso podía pronunciarse. Sin embargo, con esta segunda publicación, que contrasta las acciones del Ministerio Público (MP) en otros casos, Jovel emitió un comunicado distinto rechazando el trabajo periodístico.
Distinto a otros casos, en el caso de Sandra Jovel, el MP ya no presentó amparo ante la CC
Dicha nota, recopila un análisis con abogados consultados por La Hora que explican que el ente investigador —que dirige la fiscal general, María Consuelo Porras,— pudo interponer un último amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que la decisión de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de sobreseer a Jovel no quedara en firme. Sin embargo, el MP se abstuvo de accionar y de esa cuenta la congresista ya no está sujeta a un proceso penal.
PRESENTARÍA ACCIONES
«Al pueblo de Guatemala me permito informarle del acoso y difamación de la que he sido objeto en reiteradas ocasiones por parte del medio de comunicación Diario La Hora», inició su pronunciamiento en el comunicado que divulgó en X.
«Es lamentable que el reportero Diego España realice una ‘nota’ sobre mi persona sin solicitarme una entrevista para incluir mi opinión o la de mi abogada, redactando información no verídica», señaló.
Jovel reprochó: «Es clara la postura del reportero, la de sus editores y la de ese medio de comunicación que se han dedicado a desinformar, difamar y acosarme en reiteradas ocasiones, mostrando nulo profesionalismo periodístico y creando una opinión con malicia hacia mi persona».
De acuerdo con la congresista «si me hubiera consultado, le habría explicado que es la segunda vez que tanto la Sala, como la Corte de Constitucionalidad conocieron el proceso, por lo que era improcedente que la Corte de Constitucionalidad volviera a conocerlo por tercera ocasión».
«Me reservo el derecho de iniciar acciones legales en contra del medio y del reportero por difamación, calumnia, acoso, violencia psicológica contra la mujer y en contra del profesional que emite su opinión, ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, ya que después de 14 años resolviendo un proceso judicial, he tenido una afectación directa y desgaste psicológico que estas notas maliciosas vuelven a revivir», indicó.
Durante un prolongado período de 14 años, me vi impedida de abordar este asunto debido a las acciones de la CICIG y sus agentes, quienes, con la firme intención de alcanzar sus objetivos, llevaron a cabo un proceso que, lamentablemente, se convirtió en una experiencia dolorosa y… https://t.co/qL6dQ9zjT0
— Sandra Jovel (@Sandra_JovelP) May 9, 2024
EL CASO
El suceso se remonta al año 2011, cuando un recién nacido el 21 de julio fue abandonado por sus progenitores.
La Procuraduría General de la Nación intervino tres días más tarde, rescatando al bebé y presentándolo ante un juez para su adopción.
De acuerdo con la investigación, Jovel, de forma anómala, logró que un niño entregado en adopción a la ex asesora del despacho del Viceministerio de Relaciones Exteriores, Dominga Lissette Ordóñez Sáenz, se quedara con ella a pesar de que no era elegible para ser madre sustituta.
Las averiguaciones del ente investigador señalaban que Dominga Ordóñez y Jovel conspiraron para que el juez concediera la custodia del bebé a la exfuncionaria, «como una forma de familia sustituta, evadiendo los procedimientos requeridos», dado que presuntamente Ordóñez tenía vínculos familiares con el juez que aprobó la adopción.
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