El exembajador estadounidense en Guatemala, Stephen McFarland, presentó un amicus curiae ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para respaldar la opinión consultiva solicitada por el presidente Bernardo Arévalo en abril último sobre la “honorabilidad” de la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, para desempeñar el cargo.
Arévalo también presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley Orgánica del MP, con el objetivo de remover a Porras, señalada de forma nacional e internacionalmente por 42 países de supuestamente “socavar la democracia” e intentar un “golpe de Estado” para evitar que Arévalo tomara posesión de su cargo en enero pasado.
El documento fue presentado el pasado miércoles 15 de mayo, en nombre del exembajador McFarland, por el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford (SLS).
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RESPALDO DE OPINIÓN CONSULTIVA
El amicus curiae, según el documento oficial, se presentó con la intención de compartir normas jurídicas internacionales sobre la rendición de cuentas de los fiscales y señalar cómo el marco jurídico actual en Guatemala no cumple con las obligaciones internacionales del país en este aspecto.
El pasado 7 de abril, el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, señaló que Porras “ha avalado la corrupción, avalando hechos graves como lo de la vacuna Sputnik. Permitió que sus fiscales vulneraran las urnas, manosearan los votos de ciudadanos y propusieron la repetición de las elecciones”.
La Constitución Política de la República de Guatemala, como requisito para ejercer el cargo de fiscal general y jefe del MP, considera la honorabilidad como un aspecto fundamental para el ejercicio del mismo.
Por ello, presentaron una serie de preguntas al máximo órgano constitucional, con las cuales pretenden conocer la postura de los magistrados de la CC.
“¿Debe el requisito de reconocida honorabilidad ser cumplido únicamente al momento de optar al cargo público o se debe mantener vigencia durante el ejercicio de la función pública?”, es una de las interrogantes que cuestionan la labor de Porras.
CONCLUSIONES
El recurso, elaborado por los abogados Edgar Ortiz y Javier Urízar, concluye que “el hecho de que Guatemala no garantice un mecanismo independiente e imparcial para exigir la rendición de cuentas del Fiscal General hace que sea prácticamente imposible destituirlo y viola las normas jurídicas internacionales”.
Además, señala que la ausencia de procedimientos disciplinarios aplicables a la Fiscal General, “es inconsistente con los estándares internacionales y la práctica comparada”.
Lo anterior porque en países como Perú o México existe un procedimiento disciplinario para aplicar a la máxima autoridad del ente investigador, mientras que en Guatemala se limita al artículo 14 de la Ley Orgánica del MP para su remoción.
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