El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, acudió en la mañana de este jueves 7 de marzo a la Contraloría General de Cuentas (CGC), para presentar una denuncia en contra del secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, mano derecha de la Fiscal General, María Consuelo Porras, por el presunto uso de fondos públicos para la persecución política de ex operadores de justicia exiliados en Estados Unidos.
Guerrero reveló a la prensa lo que diversos sectores y ex operadores de justicia han denunciado desde años atrás: que podría existir una persecución política dirigida desde el MP, la cual habría sido avalada por el expresidente Alejandro Giammattei durante su gestión.
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UN BUFETE DE ABOGADOS CONTRA OPOSITORES
De acuerdo con lo manifestado por Guerrero, el 16 de noviembre de 2021, el secretario general del órgano encargado de la persecución penal envió un oficio al entonces mandatario, en el cual se solicitó la contratación de un bufete de abogados en Estados Unidos para accionar en contra de dos guatemaltecos exiliados en ese país.
«Utilizando como pretexto la defensa de los intereses del Estado, a pesar de que en ese oficio se acompañan publicaciones de redes sociales. El día siguiente, la ex secretaria privada de la presidencia, por órdenes del presidente, ordena a la Procuraduría General de la Nación iniciar las gestiones necesarias para emprender las persecuciones políticas», indicó.
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 7, 2024
El secretario de Arévalo refirió que como consecuencia se pagaron Q461 mil 600 mensuales al bufete con sede en el referido país norteamericano. «La estrategia propuesta por ese bufete fue sometida a aprobación de la actual Fiscal General, María Consuelo Porras», precisó Guerrero.
Por lo tanto, el funcionario solicitó que se efectúe una auditoria al MP, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), con relación a lo ocurrido entre 2021 y 2022.
Guerrero indicó que los motivos de la solicitud hecha a la Contraloría son «que del esclarecimiento de la utilización de los recursos del Estado de Guatemala se puedan emprender acciones legales» contra las personas responsables del contrato con la firma de abogados.
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SANCIONADOS Y SEÑALADOS
Pineda y Porras se fueron sancionados por los 27 países de la Unión Europea y también por Canadá, tras los intentos de impedir la investidura del ahora Bernardo Arévalo como presidente. En 2021, los dos funcionarios fueron sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos señalados de socavar la democracia y entorpecer investigaciones contra la corrupción.
En septiembre del año pasado, en medio diversas acciones de la Fiscalía para impedir su toma de posesión el 14 de enero, Arévalo acusó a Porras de supuestamente dirigir un intento de “golpe de Estado” apoyada de fiscales, un juez penal y la antigua legislatura del Congreso.
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En octubre de 2022, una delegación de la Misión Internacional de Jueces que visitó el país dio a conocer sobre los ataques a la independencia judicial en Guatemala. Resaltó el “desmembramiento” del MP desde que Porras ocupó la jefatura, y una persecución a fiscales, jueces y periodistas.
La ex fiscal general, Thelma Aldana, y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, son dos de los que aseguran ser víctimas de una persecución política a manos de Porras. A ellos se les suman otros que enfrentan procesos ante el empecinamiento del MP en su contra.
Las exmandatarias de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, Flor de María Gálvez y Leyli Santizo son parte de dichas acciones entabladas por el órgano encargado de la persecución penal.
Además, los jueces Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Carlos Ruano se han exiliado derivado de denuncias en su contra.
