La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en firme la decisión de la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, de cerrar la persecución penal en contra de varios militares en situación de retiro acusados por los delitos de desaparición forzada y contra los deberes de humanidad en el caso denominado Creompaz.
El fallo deriva de un amparo en definitiva que otorgó el máximo tribunal en materia constitucional a los procesados.
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El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Derechos Humanos, buscaba revertir la decisión de la juzgadora e impugnó el fallo. Sin embargo, la CC denegó lo solicitado.
La resolución fue firmada por los magistrados:
Héctor Hugo Pérez Aguilera (titular, presidente).
Néster Vásquez Pimentel (titular).
Roberto Molina Barreto (titular).
Juan José Samayoa (suplente).
Luis Rosales (suplente).
CC FALLA A FAVOR DE EXMILITARES
El Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) está ubicado en Cobán, Alta Verapaz. Durante el conflicto armado interno funcionó «como un centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones”, según las denuncias de organizaciones sociales y como consta en la acusación del MP.
Ahora, los beneficiados con la resolución de la CC, quienes no deberán enfrentar la justicia, son:
Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército.
Carlos Augusto Garavito Morán, ex teniente coronel.
José Antonio Vásquez García, ex oficial.
César Augusto Cabrera Mejía, ex oficial de Inteligencia.
Juan Ovalle Salazar, ex comandante oficial.
Ismael Segura Abularach, militar en situación de retiro.
Gustavo Alonzo Rosales García, militar en situación de retiro.
Todos fueron acusados por los delitos de desaparición forzada y contra los deberes de humanidad.
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ACUSACIÓN
Las investigaciones de este caso iniciaron en febrero de 2012, luego de una sentencia en el caso conocido como Plan de Sánchez, en el cual fueron condenadas ocho personas por un total de 7 mil 710 años de prisión. Durante el proceso hubo testigos que indicaron que, dentro de la Zona Militar número 21, con sede en Cobán, Alta Verapaz, existía un cementerio clandestino en donde habría restos de unas 558 víctimas.
Ese año, el Ministerio Público (MP) inició las diligencias para realizar excavaciones en el recinto militar, las cuales duraron 3 años.
Luego de las excavaciones, las autoridades localizaron 558 osamentas humanas. La Fiscalía de Derechos Humanos estableció que:
90 corresponden a menores de edad.
443 adultos, hombres, mujeres y adultos de la tercera edad.
22 sin determinar.
Además, de esas 558 osamentas humanas, 97 han sido identificadas por ADN.
