La American Bar Association, ABA, (en español el Colegio de Abogados de Estados Unidos) monitoreó el juicio que se desarrolló en contra del periodista y fundador del extinto diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora, y la ex auxiliar fiscal Samari Gómez y encontró «varias violaciones al debido proceso». De esa cuenta, calificaron el debate oral y público con la nota F, la más baja en la escala de medición.
Zamora fue condenado en junio de 2023 a seis años de prisión por supuestamente lavar dinero, Q700 mil. El fallo fue emitido en un contexto de persecución de periodistas y operadores judiciales que investigaban la corrupción. La ABA sostiene que, desde el principio, el proceso «ha estado plagado de irregularidades y parece ser una represalia por su labor como periodista de investigación».
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INFORME SEÑALA ILEGALIDADES
El 29 de julio de 2022, las autoridades allanaron la casa del periodista y lo capturaron por señalamientos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje en su contra, esto a partir de una denuncia presentada por Giovanni García Navarijo, quien es investigado por delitos financieros.
Zamora fue procesado junto a la exauxiliar anticorrupción, quien se desempeñó en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) encabezada por Juan Francisco Sandoval, ahora exiliado.
«Después de su arresto, se le ordenó prisión preventiva sobre una base extremadamente vaga (que podía influir en los testigos porque ocupaba un alto cargo en elPeriódico) que no cumple con los requisitos internacionales y regionales de que la prisión preventiva sea un último recurso», señala el informe.
Además, destacaron que la capacidad de Zamora para preparar una defensa se «ha visto obstaculizada repetidamente, tanto por la fiscalía como por los tribunales que conocen su caso. Sus abogados defensores fueron acosados repetidamente, lo que le obligó a cambiar de abogado varias veces (para un total de diez abogados al final del juicio)».
Lo anterior porque cuatro de sus abogados fueron procesados y «presionados para que aceptaran los cargos contra ellos», según el informe, otro denunció haber sufrido intimidación, amenazas y abandonó el país.
«Además, varias de las personas que la defensa había (sido) propuesto como testigos, así como más de diez miembros del personal de elPeriódico, también fueron investigados y/o acusados, enviando un mensaje claro de que cualquiera que apoyara al Sr. Zamora sería blanco de acoso judicial», se lee.
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SOBRE EL VEREDICTO
La ABA señaló que la FECI no logró demostrar que el dinero en cuestión fuera el resultado de una actividad delictiva, un elemento clave exigido por la ley contra el lavado de dinero.
«Luego, el tribunal de primera instancia condenó al Sr. Zamora por lavado de dinero al invertir erróneamente la carga de la prueba y concluyó que la defensa no había establecido un origen legítimo del dinero. El señor Zamora fue condenado a seis años de prisión», subrayaron.
En octubre de 2023, una Sala de Apelaciones anuló tanto su condena por el delito de lavado de dinero, como su absolución por los cargos de tráfico de influencias y chantaje, y devolvió el caso a un Tribunal de Sentencia Penal para un nuevo juicio que comenzaría después de la etapa probatoria, «lo que significa que la exclusión de testigos y documentos seguiría vigente», resaltaron.
«Tras los recursos de casación, el proceso se encuentra ahora ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia). El Sr. Zamora ha permanecido en prisión preventiva a la espera de su nuevo juicio, que parece poco probable que avance hasta que se resuelvan las apelaciones», detallaron sobre la fase del proceso.
La ABA remarcó que Zamora «debería ser liberado inmediatamente» y refirió que «un nuevo juicio ordenado por la Sala de Apelaciones, si se basa en decisiones erróneas en la ‘etapa intermedia’, también es probable que sea injusto y no deba llevarse a cabo».
«Además, las autoridades guatemaltecas deberían poner fin a la criminalización de periodistas y actores judiciales anticorrupción», finalizaron.
