La Fundación contra el Terrorismo (FCT) volvió a echar andar su maquinaria y esta vez presentó una denuncia contra el presidente Bernardo Arévalo en defensa de la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, quien desde el Ministerio Público (MP) ha dado vida a casos penales en contra de exfiscales y exjueces que la misma organización de extrema derecha ha denunciado y quienes ahora se encuentran exiliados o encarcelados.
Durante los últimos seis meses, la FCT se ha encargado de secundar la narrativa del MP sobre un supuesto fraude electoral de las últimas elecciones generales 2023, que dieron la victoria a Arévalo.
El presidente de la FCT Ricardo Méndez-Ruíz.
Su presidente Ricardo Méndez-Ruiz insistió en que el mandatario no debía tomar posesión el pasado 14 de enero y fue señalado junto al MP de intentar dar un «Golpe de Estado».
EN DEFENSA DE PORRAS
La denuncia fue presentada por Méndez Ruiz este sábado 3 de febrero contra Arévalo, bajo su calidad de presidente de la República de Guatemala, por el supuesto delito de abuso de autoridad y ahora el MP deberá plantear una solicitud de retiro de inmunidad, puesto que el mandatario goza del derecho de antejuicio.
El presidente de esa organización reprocha que Arévalo anunció de forma pública antes de asumir el poder que le solicitaría la renuncia a Porras, luego de que la misma Organización de los Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional señalaran a la Fiscal General de torpedear el cambio de mando entre el expresidente Alejandro Giammattei y Arévalo.
«De manera dolosa, en repetidas oportunidades e incluso ante los medios de comunicación, en gestiones de carácter oficial ha exigido la renuncia de la Fiscal General de la República, doctora María Consuelo Porras Argueta, lo cual constituye un claro abuso de autoridad», señaló un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.
De acuerdo con Méndez-Ruiz, Arévalo no tiene «ninguna de las atribuciones legales o constitucionales para solicitar la renuncia del Fiscal General, cargo que actualmente ostenta la doctora Consuelo Porras, quien fue designada mediante un proceso constitucional«, indicó.
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El activista de ultraderecha, sancionado por la Lista Engel de Estados Unidos de actores corruptos y antidemocráticos, recordó el último fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) de fecha 19 de octubre de 2023 que mantiene vigente la norma que impide que el Presidente pueda remover al Fiscal General.
«Es más, tanto la legislación nacional como resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, han indicado que el cargo de Fiscal General está amparado por el período constitucional de cuatro años, y que únicamente existe una causa de remoción, que se activa cuando el jefe del Ministerio Público es condenado por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la condena esté firme«, apuntó.
LA REUNIÓN ARÉVALO-PORRAS
Asimismo, destacó la citación que el presidente Arévalo le hizo a Porras a su despacho y luego con los ministros que conforman su Gabinete de Gobierno. La Fiscal General se ha negado a comparecer y abordar cuatro temas con el presidente, entre ellos los avances en la investigación de las anomalías en la compra millonaria de vacunas contra el COVID-19, que apuntan a Miguel Martínez, pareja del exmandatario Giammattei.
«A sabiendas de que la Constitución y la ley que rige la actuación ejecutiva impiden la citación y comparecencia a Consejo de Ministros de extraños, invitó a la Fiscal General para que estuviera presente en este consejo, en el que se tratarían temas de interés nacional que no son competencia del Ministerio Público, pues este únicamente tiene asignadas facultades de investigación penal y no de asesoría ni de otra naturaleza, motivo por el cual la Fiscal General se retiró de dicho evento para no incurrir en responsabilidad«, agregó.
SANCIONES A SECTOR JUSTICIA
El pasado 2 de febrero, el Consejo de la Unión Europea (UE) adoptó sanciones en contra de la cúpula del ente investigador, entre ellos, la Fiscal General, el secretario general de la Fiscalía, Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal de esa unidad, Leonor Morales Lazo y el juez séptimo penal A, Fredy Orellana.
Los funcionarios incluidos en la lista están sujetos a la congelación de activos, y a los ciudadanos y empresas de la UE se les prohíbe poner fondos a disposición de estos. Además, las personas también están sujetas a una restricción de viaje, que les impide entrar o transitar por territorios de la UE.
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Se trata de una serie de medidas restrictivas en contra de cinco funcionarios que «socavaron la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala», señaló la UE y de esa cuenta Méndez-Ruiz opinó sobre las mismas.
«Se insta a las autoridades correspondientes a actuar apegadas a derecho, haciendo caso omiso de las presiones que se den por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, así como de instancias de la Comunidad Europea y otras entidades que se dedican a ejercer presión sobre los distintos organismos del Estado y el sistema de administración de justicia», finalizó.
