El presidente electo, Bernardo Arévalo, envió una carta al presidente, Alejandro Giammattei, pidiéndole que vete el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación 2024, con el que tendrá que iniciar su gestión. Según la misiva, el plan de gastos contiene «graves violaciones e irregularidades que afectarán la gestión pública».
El pasado 30 de noviembre, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General para el próximo año, el cual asciende a Q124 mil 880 millones. Los diputados aprobaron el decreto en medio de señalamientos de supuestamente haber recibido sobornos de la alianza oficialista que lidera el partido VAMOS y de atar de manos al gabinete de Arévalo.
El presupuesto aprobado por el Congreso nos afecta como país.
Es por ello que envié una carta al presidente @DrGiammattei exponiéndole sus múltiples ilegalidades y solicitándole el veto.Está en sus manos corregir esta traición al pueblo. pic.twitter.com/KxFggIWduS
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 13, 2023
Desde el momento en que el plan de gastos para el próximo año sea recibido por el Organismo Ejecutivo, el gobernante tendrá 15 días para vetarlo, aspecto que está regulado en el artículo 178 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Varias voces han requerido al mandatario vetar el decreto con el cual el Congreso de la República aprobó el Presupuesto para el siguiente año.
MÚLTIPLES ILEGALIDADES
Arévalo señaló «múltiples ilegalidades» con respecto a lo que se indica en el Presupuesto aprobado por el Legislativo, según la carta.
Refirió que: «Los cambios incorporados tanto en el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda como por medio de enmiendas presentadas durante la sesión plenaria, permitieron la inclusión de disposiciones que contravienen varias leyes ordinarias, principalmente la Ley del Organismo Ejecutivo, la Ley Orgánica de Presupuesto, la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y la Ley de Contrataciones del Estado, entre otras».
El presidente electo aseguró que «varias disposiciones menoscaban la autoridad, competencia y rectoría que los ministros tienen en toda la República para los asuntos propios de su ramo y de las políticas públicas correspondientes a sus funciones sustantivas, así como de la facultad legal de ejercer la administración de los recursos financieros».
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ASIGNACIONES INDUCEN A LA CORRUPCIÓN
En el segundo punto de la carta, Arévalo indicó que en el plan de gastos hay «asignaciones presupuestarias cuestionables, opacas y que inducen a la corrupción».
También dijo que «el decreto contiene disposiciones que priorizan asignaciones cuestionables de gasto e inversión pública: a) En el artículo 118 se consigna un número sin precedentes de organizaciones no gubernamentales -con un monto asignado de Q5,191.63 millones- seleccionadas sin criterios claros y transparentes».
Además, señaló que de estas organizaciones no gubernamentales, una buena cantidad, «no cuentan con experiencia, son desconocidas o tienen evidentes nexos con actores políticos».
REDUCCIÓN A LAS INVERSIONES
Arévalo destacó sobre la «reducción arbitraria de las inversiones sociales con impacto negativo en el bienestar social y el crecimiento económico», y aseguró que «la inclusión de normas para orientar y priorizar gasto público a favor de organizaciones no gubernamentales y proyectos de inversión cuestionables y opacos, contribuye a la reducción de los techos presupuestarios de ministerios».
El presidente electo agregó en la carta que «en el contexto de la urgente obligación del poder público para mejorar la calidad y cobertura de la salud, la educación, la protección y asistencia social, así como de los servicios de seguridad en el país, estos recortes injustificados de las asignaciones presupuestarias limitan el cumplimiento de los deberes constitucionales del Estado».
AMENAZA LA DEUDA PÚBLICA
El presidente electo subrayó que el Presupuesto 2024, aprobado por el Congreso, «amenaza al pago oportuno de la deuda pública y al financiamiento de la inversión pública con significativa afectación de la calificación de riesgo país».
«Constituyen una amenaza que podría afectar el pago oportuno del servicio de la deuda pública, comprometer innecesariamente la calificación del riesgo país y desfinanciar rubros de inversión pública y gasto social relevantes», manifestó Arévalo con preocupación.
De esa cuenta, precisó a Giammattei que «existen suficientes elementos para que vete el Decreto 18-2023, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, con fundamento en el artículo 178 de la Constitución de la República, cumpliendo así con su calidad de garante de la Constitución y con su deber de velar por los intereses de todos y cada uno de los habitantes de la República».
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