El juez décimo penal A, Víctor Cruz, revocó la orden de captura contra ocho personas señaladas de supuestamente haber participado en la toma de las instalaciones de la Universidad San Carlos (Usac) y accedió a citarlos para presentarse a rendir su primera declaración por los hechos que les señala el Ministerio Público (MP).
La audiencia fue programada para febrero de 2024, de acuerdo al oficio que emitió el despacho del juzgador y a la agenda única de audiencias del sitio web del Organismo Judicial (OJ).
El fallo de Cruz derivó de un recurso legal que la defensa de dos señalados presentó para anular las órdenes de aprehensión y que estos se pudieran presentar de forma espontánea. De esa cuenta, consta en la resolución que por «igualdad procesal» el juzgador aceptó seis recursos más que otros vinculados interpusieron.
«Este juzgado con base en lo considerado y leyes citadas al resolver declara dejar sin efecto las órdenes de aprehensión de los sindicados y señala audiencia de primera declaración para el día 6 de febrero del 2024 a las 13:30 minutos», se lee en la resolución.
Los beneficiados son:
- Cindy Gabriela Dávila Morales.
- Hada Marieta Alvarado Beteta.
- Amílcar Enrique Bremer Ramírez.
- Kevin Alexander Junior Carrera Vielman.
- Juan Jose García Marroquín.
- Miguel Ángel Vásquez Rodríguez.
- Paulo Roulet Pellecer Y/O Pablo Roulet Pellecer.
- Andrea Nicole Prera De León.
Todos son señalados por los presuntos delitos de usurpación en forma agravada, depredación del patrimonio cultural en forma agravada, asociación ilícita y sedición.
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CASO TOMA DE LA USAC
Durante más de un año, varias personas cerraron las instalaciones de la única universidad pública del país, como medida de rechazo a la elección de Walter Mazariegos como Rector de dicha casa de estudios superiores. La Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio Público (MP) considera que esos hechos son ilegales, por lo cual desarrolla una investigación.
Como parte de las diligencias del caso, el órgano encargado de la persecución penal pidió que se retire el derecho de antejuicio al presidente electo, Bernardo Arévalo, así como a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, y otros seis funcionarios y funcionarios electos.
Sectores de la ciudadanía califican esas acciones como parte de una estrategia con la cual se busca impedir que Arévalo asuma la Presidencia el 14 de enero de 2024, como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala.
Por este caso fueron capturados y ligados a proceso seis personas, entre ellas Marcela Blanco, integrante del partido Movimiento Semilla. El juez Cruz les otorgó libertad, pero el MP solicitó a una Sala de Apelación la revocatoria de la medida sustitutiva.
Según Cruz, existe la posibilidad de que los procesados hubiesen cometido los delitos de usurpación en forma agravada, depredación del patrimonio cultural en forma agravada, por lo cual la fiscalía tendrá que establecer tal extremo. En tanto, descartó los cargos por asociación ilícita y sedición.
En total, el juzgador giró 31 autorizaciones de allanamiento a igual número de inmuebles, con el objetivo de ejecutar 27 órdenes de aprehensión.
El pasado 16 de noviembre, se efectuó un operativo, en el cual fueron aprehendidos cinco de los señalados. La detención de otro ocurrió varios días después.
De esa cuenta, quedaron 21 órdenes de captura pendientes de ejecutar, de las cuales ahora 13 solo se mantienen vigentes.
