Las acciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) en contra de los comicios y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y la complicidad de la Corte de Constitucionalidad (CC) ante esos hechos, agrava la crisis democrática que se vive en el país. Esto ha obligado a miles de guatemaltecos a salir a las calles a defender su voto expresado en las urnas.
En julio pasado, la FECI informó que se había iniciado una investigación en contra del partido político Movimiento Semilla, con lo cual se solicitó la suspensión provisional de su personería jurídica. Tras varios meses, estas acciones alcanzaron los resultados del proceso electoral 2023, al ponerlos en duda por supuestas denuncias que investiga dicha unidad.
Sobre esa línea, el pasado 29 de septiembre, la fiscalía inició un allanamiento que duró 19 horas. Finalizó un día después con el secuestro de las actas electorales 4 y 8 originales, que resguardan la pureza de los comicios.
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MP Y CC AGRAVAN CRISIS DEMOCRÁTICA
Varias horas después de que el MP iniciara con las diligencias, los magistrados del órgano electoral se presentaron ante la CC, en donde plantearon acciones legales con las cuales buscaban frenar lo que ahora dicha autoridad cataloga como un «asalto al TSE con apariencia legal».
El 30 de septiembre pasado, la máxima corte en materia constitucional convocó a una reunión de pleno extraordinario, para conocer las acciones legales. Sin embargo, ya había transcurrido el tiempo desde que la fiscalía se había llevado los documentos de los comicios que fueron secuestrados de la sede central del órgano electoral.
La resolución de la CC indicaba que esta instancia no tenía competencia para conocer las acciones de amparo planteadas por el TSE, y bajo ese argumento se remitió la documentación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Sala Tercera de Apelaciones, para que se continuara allí con los trámites correspondientes.
Acciones del MP y complicidad de la CC agrava crisis democrática
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— Diario La Hora (@lahoragt) October 2, 2023
ELECCIÓN DE FISCAL GENERAL: CC SÍ CONOCIÓ
Durante el proceso de elección de Fiscal General, que dejó como resultado a María Consuelo Porras en su segundo período al frente del MP, la CC no tomó la misma postura.
En esa ocasión, en 2022, la jefa de la Fiscalía no sería incluida en la nómina que se trasladaría al presidente, Alejandro Giammattei, de la cual debía designar a quien dirigiría al órgano encargado de la persecución penal.
Sin embargo, una acción de amparo que se planteó en favor de Porras, y que fue otorgada por la CC, hizo que su nombre figurara en el listado de candidatos, con lo cual el mandatario tuvo la oportunidad de confirmarla en el puesto.
SECTORES LLAMAN A ESTABLECER EL ORDEN CONSTITUCIONAL
Ante el secuestro de las actas por orden judicial, una acción sin precedentes en Guatemala, distintos sectores de la sociedad civil y organizaciones de empresarios se pronunciaron en contra de las acciones de la FECI.
Este lunes 2 de octubre, dio inicio a lo que la Junta Directiva de alcaldes comunales de los 48 Cantones de Totonicapán declararon un paro nacional indefinido, ante la falta de respuesta a su pedido que se centra en la renuncia de Porras, del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche; y del juez séptimo penal A, Fredy Orellana.
El paro incluyó más de 20 bloqueos a nivel nacional y el apoyo de sociedad civil, grupos estudiantiles, y otros sectores. Un grupo se concentró afuera de las instalaciones centrales del MP, ante los indicios de un Golpe de Estado por medio de resoluciones judiciales que impidan a Bernardo Arévalo, presidente electo, tomar posesión el 14 de enero de 2024.
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ASEDIO DESDE JULIO
Tanto el TSE como Semilla han manifestado estar bajo un asedio desde el pasado 12 de julio, cuando el MP informó que Orellana había suspendido de forma provisional al partido político, y ordenaba que no se adjudicaran los cargos de los candidatos de esa agrupación que habían ganado en los comicios del 25 de junio último.
Según expertose en materia electoral, la serie de allanamientos y órdenes judiciales emitidas dentro de los comicios han socavado la democracia y puesto en riego el orden de constitucionalidad. Arévalo denunció a Porras, Curruchiche y Orellana de asociarse para dar un Golpe de Estado.
El expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Ovidio Orellana, se pronunció con respecto a lsecuestro de las actas 4 y 8 originales, y escribió en su cuenta de X, antes Twitter: «el secuestro de esas actas, en la forma que se hizo, no le hace nada bien a su labor investigativa (del MP), toda vez que era más eficiente y eficaz, que el Tribunal les certificara las mismas y, de esa forma, respaldar legalmente cualquier petición futura ante un juez».
Orellana agregó que al haber procedido de la manera en que lo hizo la FECI, para llevarse la documentación: «solo será la versión del Ministerio Público sin la debida credibilidad del resultado que la investigación les pueda producir, porque estando en su poder las actas originales, hará suponer cualquier posibilidad de alteración a las mismas».
El profesional del derecho destacó que: «está claro que si el MP se llevó esas actas, lo que busca es hacer su propio conteo de votos, pues eso es lo que contienen las actas y, si encuentra diferencias, buscarán responsabilizar penalmente a alguien y, de paso, podrá buscar una resolución judicial X que pueda afectar incluso el propio proceso electoral».
Finalmente, el expresidente del CANG indicó que: «es lamentable y condenable la lenta y tardía respuesta de la CC a los amparos promovidos por el TSE, donde ya todo está consumado y donde nuevamente no se pronuncia sobre si otorgaba o no amparo provisional, siendo su obligación hacerlo».
Las actas 4 y 8 que expresamente busca la fiscalía, son las que documentan los resultados electorales y son las que sirvieron de base, en mi opinión, para oficializar los resultados electorales.
El secuestro de esas actas, en la forma que se hizo, no le hace nada bien a su labor…— Ovidio Orellana (@orellana_ovidio) September 30, 2023
Además, el MP ha presentado tres solicitudes de retiro de inmunidad en contra de los magistrados titulares y suplentes del TSE: una tiene relación con una denuncia de la excandidata Sandra Torres, quien de nueva cuenta alegó un supuesto fraude tras haber sido derrotada en la segunda vuelta de la elección presidencial; otra por supuestas anomalías en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP); y una más por haber permitido la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado por CAMBIO.
