La Corte de Constitucionalidad confirmó la desestimación de una denuncia en contra del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche y a cuatro fiscales más por supuestamente utilizar documentos falsificados para sustentar una investigación en contra de dos exoperadoras de justicia que aseguran que sufren una persecución política.
Leily Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y Siomara Sosa, exfiscal de la antigua administración de FECI, son sindicadas en un caso bajo la jefatura de Curruchiche. Ambas fueron detenidas en febrero de 2022 y se les señala de supuestas anomalías cuando investigaron el caso Odebrecht. Ambas obtuvieron arresto domiciliario y las dos abogadas fueron parte de procesos de alto impacto.
UNA DENUNCIA IMPROCEDENTE
El caso está bajo reserva, por lo tanto, no existen datos sobre el proceso. Sin embargo, para el 15 de junio de 2022, Sosa y Santizo presentaron una querella contra el jefe de FECI, José Rafael Currichiche Cucul, por el delito de falsedad material y Otto Rolando González Peña por los delitos de falsedad material y usurpación de funciones.
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— Diario La Hora (@lahoragt) September 17, 2023
En tanto, Nora Liceth López Zamora, Vilma Pérez Pineda y Pedro Otto Hernández González, ahijado de la fiscal general María Consuelo Porras, fueron denunciados por el delito de uso de documentos falsificados. Por sorteo la denuncia fue asignada al Juzgado Séptimo Penal, en el despacho A, a cargo del juez Fredy Orellana.
De esa cuenta, las denunciantes solicitaron ciertas diligencias de investigación a las que el MP no accedió, por lo que solicitó audiencia de discrepancia y fue programada por Orellana hasta el 18 de abril de 2023, para finalmente declararla sin lugar. Por lo que presentaron un recurso para frenar esa decisión, pero de igual forma Orellana lo declaró improcedente.
Posterior, el MP solicitó una audiencia de desestimación y archivo de la querella, que fue señalada para el 2 de mayo del presente año, misma que fue celebrada. Al ser notificadas Sosa y Santizo, se opusieron y el juez B, Sergio Mena, fue asignado para conocer las inconformidades, pero este halló una nueva excusa y de igual forma la desestimó.
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CC CONFIRMA DESESTIMACIÓN
Sosa y Santizo apelaron a la CC, pero el pleno rechazó dicho recurso legal. La máxima corte del país resolvió que todo lo resuelto, tanto las impugnaciones como la desestimación de la denuncia, fueron resueltas «conforme a derecho».
Además, aseguraron que no hubo «vulneración en ninguna parte de la ley» y, por lo tanto, estas deben quedar vigentes y determinaron que la apelación es improcedente.
«En razón de lo expuesto, resulta inviable la prosecución del trámite de la garantía constitucional relacionada, por lo que el recurso de apelación instado debe declararse sin lugar y, como consecuencia, confirmarse la suspensión en definitiva del trámite de la garantía constitucional promovida, pero por los motivos aquí expuestos», resolvió.
DOS JUECES CUESTIONADOS
El juez Fredy Orellana saltó a la palestra el año pasado cuando procesó y envió a juicio al periodista y fundador del extinto diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín. Un caso que fue señalado por distintas organizaciones de libertad de expresión y prensa como una persecución por exponer en las líneas del impreso la corrupción del gobierno de Alejandro Giammattei.
Sin embargo, el último 12 de julio una orden que emitió volcó las miradas de los países a Guatemala. Orellana dictó suspender de forma provisional la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, en medio de las elecciones generales, y dicha resolución pretendía que no se adjudicaran los cargos públicos ganados por los contendientes.
Además, el 19 de julio de 2023 fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Lista Engel de «Actores Corruptos y Antidemocráticos» por «socavar los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca».
En tanto, el juez Sergio Mena fue quien envió a juicio a la exjefa de FECI en Quetzaltenango, Virginia Laparra. Las abogadas de la exfuncionaria aseguraron que el juzgador era «grosero» con Laparra y permitía que los integrantes de la Fundación contra el Terrrorismo (FCT), querrellante adhesivo, y el denunciante Lesther Castellanos se burlaran de ellas.
Laparra fue declarada una presa de conciencia por Amnistía Internacional, organización internacional que exigió su inmediata liberación. Laparra junto a Sosa y Santizo se suman a una treintena de exoperadores de justicia que están en un proceso o se fueron al exilio por una persecución desde el MP de Porras.
