Amnistía Internacional (AI) se pronunció en un comunicado por la detención de la abogada y exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, capturada el pasado 28 de agosto, por una denuncia de la magistrada Blanca Stalling, a quien Estados Unidos señala entre los supuestos actores «corruptos y antidemocráticos«.
La referida organización global pidió al Ministerio Público (MP) que «revise de forma inmediata e imparcial los cargos contra Claudia y garantice que ésta goce de sus derechos humanos en todas las etapas de este proceso«.
UN INTENTO DE ACALLAR A DEFENSORES
En su denuncia, Stalling aseguró que González inició una investigación en su contra cuando ella aún gozaba de inmunidad como magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo cual consideró que habría incurrido en un delito.
Los detalles de los señalamientos de la magistrada fueron dados a conocer por el MP por medio de un comunicado, cuando ocurrió la detención de la profesional del derecho.
Además, se giró la orden de captura en contra del exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien se encuentra en el exilio.
«El proceso penal contra Claudia constituye un claro intento de castigarla tanto por su trabajo en la CICIG como por su intento de buscar justicia para las personas de su profesión injustamente criminalizadas«, subrayó AI.
González defendía a la exfiscal Virginia Laparra, quien fue condenada el año pasado a cuatro años de prisión en un polémico juicio señalado de persecución por EE. UU. y la Unión Europea. También defendía a otros exoperadores de justicia, como Sandoval, que señalan la misma situación.
Para AI, las acciones del MP y el juez Jimi Bremer, quien ordenó la captura de la abogada, «deja a las personas a las que representa, como Laparra y Sandoval, desprotegidas en los procesos legales contra ellas, y transmite un intimidatorio mensaje a todas las personas que se pronuncian a favor de la justicia y derechos humanos en Guatemala«.
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DELITO NO ENCUADRA CON CARGO QUE DESEMPEÑÓ
De acuerdo al análisis de AI, el delito que se le imputa a González no encuadra con el cargo que desempeñó como mandataria de CICIG, una entidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que operó en Guatemala en conjunto con el MP y combatió la corrupción.
«El arresto fue autorizado por cargos de ‘abuso de autoridad’, pese a que Claudia nunca ha ocupado un cargo público en el gobierno de Guatemala«, cuestionó la organización internacional.
Y en ese sentido, destacó que «los cargos, por tanto, suscitan serias dudas sobre la imparcialidad y los motivos de la causa contra ella«. AI recordó que «el día que fue arrestada, el juez inicialmente se negó a celebrar una audiencia«.
Además, se detalló que los hechos evidenciaron que «cuando finalmente se celebró dicha audiencia, el Ministerio Público no se presentó, por lo que Claudia no fue informada debidamente de los cargos en su contra, lo cual viola sus derechos«.
En la nota se indicó que después de su captura, y tras ser atendida Bremer, se fijó la audiencia de primera declaración para el 6 de septiembre, ocho días después de haber sido aprehendida «pese a que la legislación guatemalteca establece que debe celebrarse en un plazo de 24 horas a partir del arresto«.
AUTORIDADES NO GARANTIZAN JUICIO JUSTO
Por último, la organización indicó que «algunos casos recientes documentados por Amnistía Internacional demuestran que las autoridades de Guatemala no garantizan el derecho a un juicio justo y otros derechos humanos de personas que se enfrentan a procedimientos penales infundados«.
De esa cuenta, AI pidió a las autoridades guatemaltecas que «revisen de forma inmediata e imparcial los cargos contra Claudia González y garanticen que se respetan los derechos humanos de la detenida«.
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SIN RESOLVER SITUACIÓN JURÍDICA
La audiencia de primera declaración de González inició el pasado miércoles 6 de septiembre. Se desarrolló a puerta cerrada, y tras su salida, González indicó que Bremer determinó aplazar la diligencia y continuarla el próximo miércoles 13.
El juez explicó que la abogada continuará en la misma situación que se encuentra desde que fue detenida, hasta que se resuelva su situación jurídica.
