La libertad concedida a la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, causó reacciones del Ministerio Público (MP) y de quien la denunció, Lesther Castellanos, presidente de la Relatoría Contra la Tortura en Guatemala. De esa cuenta, se busca que sea otro juez que conozca el juicio por supuesta revelación de información en contra de la exoperadora de justicia, por lo cual el proceso quedó suspendido de manera indefinida.
Para este jueves 17 de agosto, se tenía programado el inicio del debate en contra de Laparra ante el despacho del juez Moisés de León.
Sin embargo, su decisión del pasado 26 de julio, cuando le otorgó arresto domiciliario a la exfiscal como parte de las medidas sustitutivas a la de prisión preventiva que mantenía, causó que la FECI y Castellanos accionaran en contra del juzgador “por dudar de su imparcialidad”.
El juez le dio trámite a la recusación en su contra y ordenó su traslado a la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal, junto al expediente del caso, para que allí se decida si el proceso debe seguir en sus manos o cambia de tribunal.
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De acuerdo con la defensa de la exfiscal, la magistrada Dasma Guillén se excusó de conocer la petición, por lo cual también se tiene que esperar a que se nombre un magistrado suplente.
Este es el segundo proceso penal que se sigue en contra de Laparra, quien lleva 18 meses en la cárcel. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó un informe sobre su “detención arbitraria” y Amnistía Internacional (AI) la declaró presa de conciencia en 2022.
PROCESO CONTRA LAPARRA
El MP, dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras, inició una persecución penal en contra de Laparra luego de que la exfiscal denunció por supuestas irregularidades administrativas a Castellanos, quien se desempeñaba como juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango.
Según la fiscalía, la exfiscal abusó de su autoridad, por lo cual fue llevada ante la justicia. Castellanos explicó durante el debate que en octubre de 2018 Laparra lo denunció en cuatro ocasiones, y aseguró que ella no tenía dicha facultad en su calidad fiscal.
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De esa cuenta, en diciembre de 2022 la jueza Oly González impuso a Laparra la pena de cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios.
El pasado 4 de enero, Laparra fue ligada a otro proceso penal por supuestamente haber revelado información confidencial cuando fungía como titular de la FECI en Quetzaltenango. La denuncia fue interpuesta por Castellanos, y por ese caso permanece en prisión preventiva en el Cuartel Matamoros, ubicado en la zona 1 de la capital.
