Autoridades indígenas de San Pedro la Laguna y organizaciones de Santiago Atitlán y Santa Lucía Utatlán presentaron una querella contra la fiscal Consuelo Porras, el fiscal Curruchiche y al juez Fredy Orellana. Foto: La Hora/ Diego España

Autoridades indígenas y sociedad civil del departamento de Sololá se presentaron este viernes 21 de julio para interponer una denuncia en contra de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Séptimo Penal A, Fredy Orellana.

La querella en contra de los tres operadores de justicia que son parte de la Lista Engel de Estados Unidos, la cual sanciona a actores corruptos y antidemocráticos, es por supuestamente cometer los delitos de abuso de autoridad electoral, prevaricato, coacción electoral y violación a la Constitución.

ATENTADO CONTRA EL PROCESO ELECTORAL

De acuerdo al equipo legal que planteó la denuncia en Gestión Penal es porque los funcionarios presuntamente “realizaron actos con el objetivo de decretar la suspensión provisional del partido Movimiento Semilla, lo cual atenta directamente contra el proceso electoral”.

“El artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos claramente dispone que durante el proceso electoral no se pueden suspender partidos políticos”, sostiene parte de la querella.

AMENAZAN A AUTORIDADES DEL TSE

“Los tres funcionarios incurrieron en actos que constituyen amenazas y hostigamientos en contra de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y el director del Registro de Ciudadanos”, señalaron los interponentes.

 

Lo anterior, luego de que el juez Orellana girara dos órdenes de captura en contra de Ramiro Muñoz, Registrador de Ciudadanos (RC) y Eleonora Castillo, quien asumió el cargo de Muñoz por ausencia de vacaciones. La solicitud de su captura es por no suspender la personería jurídica de Semilla, pese a que la Corte de Constitucionalidad los amparó con un fallo.

“Decretaron ilegalmente que se le iniciara investigación penal, por negarse a cumplir la orden ilegal de suspender al partido político Semilla”, enfatizaron.

Además, aseguraron que dicha resolución “contraviene lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad el 13 de julio del presente año, en el cual dispone dejar en suspenso la resolución del juez, en cuanto a suspender la participación del partido político Semilla”.

EXIGEN QUE SE LES INVESTIGUE

De esa cuenta, las autoridades indígenas y sociedad civil solicitaron “que se le retire el derecho de antejuicio” a Porras, Orellana y Curruchiche para que se proceda a una investigación inmediata.

Asimismo, solicitaron que a Curruchiche se le separe del cargo “a efecto de permitir una investigación imparcial” y que se nombre un fiscal para investigar a los funcionarios denunciados.

Diego España
Escribo sobre política, justicia y sectores vulnerables. Comprometido con la memoria histórica y en informar verazmente. Considero que las disidencias nos hacen ver y cuestionar la realidad haciéndonos más humanos.
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