La nueva ley migratoria de Florida, en Estados Unidos, deja en rezago a Guatemala, afirmó Fernando Castro, analista migratorio guatemalteco, quien aseguró que con esta medida más de 160 mil connacionales enfrentarían situaciones adversas por la falta de estrategias gubernamentales.
En opinión del experto, “nunca se tuvo conocimiento de que se tuviera una estrategia de brindar apoyo a inmigrantes guatemaltecos, en resguardo de sus derechos humanos y laborales, sabiendo que están desprotegidos ante la vigencia de la SB 1718”.
Además, Castro destacó que el hecho de que el país no cuente con un plan para atender a los connacionales que podrían afrontar situaciones adversas por el cambio de política migratoria en Florida, muestra el “abandono en el que se encuentran los guatemaltecos, ante la amenaza de dicha ley”.
Explicó que: “en el caso de Guatemala, lamentablemente no se dieron a conocer las serias consecuencias de la SB 1718, mostrando la falta de interés por parte de las instituciones vinculadas al tema migratorio, tanto en el extranjero como en el país”, indicó.
También precisó que la falta de campañas informativas en los distintos medios de comunicación constituye un desinterés manifiesto hacia la población inmigrante de advertirles los efectos de la nueva normativa desde el 10 de mayo pasado, hasta su entrada en vigor el pasado sábado 1 de julio.
En tendencia:
RECONOCE ACCIONES DE MÉXICO
Castro también destacó que el gobierno mexicano manifestó su rechazo a la nueva ley migratoria de Florida, y dijo que se trata de un gesto de solidaridad con sus connacionales.
Ante el referido cambio legal, Florida se convirtió en el estado con la ley migratoria más dura de EE. UU., según organizaciones de derechos humanos.
La ley SB 1718 sanciona con hasta 30 años de cárcel el traslado de indocumentados, prohíbe licencias de conducir emitidas por otros estados y exige a los hospitales preguntar y reportar el estado migratorio de sus pacientes.
AFECTARÁ A MIGRANTES
Según el experto, la nueva ley migratoria de Florida afectaría derechos humanos de miles de personas, entre ellas niñas, niños y adolescentes, tanto de México, como de Guatemala, y otros países de la región centroamericana.
Agregó que esta situación podría generar «ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante«.
