Durante una vista pública virtual ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, pidió que se le otorgue el amparo definitivo para que se suspenda el trámite de retiro de inmunidad, luego que la Fundación contra el Terrosismo (FCT) lo denunciara.
Ruano aseguró a los togados que la denuncia de la FCT “es un acto vil y cobarde de venganza en su contra” por haber denunciado en 2017 a la magistrada Stalling. Además, rechazó los cinco delitos imputados y explicó por qué el proceso de su antejuicio debe ser suspendido de inmediato.
En 2017 el juez Ruano denunció a la magistrada Stalling por ejercer presiones para que le otorgara arresto domiciliario a su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, en el caso IGSS-Pisa, proceso que estuvo a cargo de Ruano. De esa cuenta, fue denunciado por la FCT cuatro años después en defensa de Stalling.
Vista Pública Virtual, Amparo 1188-2023, Corte de Costitucionalidad.
Juez Carlos Giovanni Ruano Pineda vs Corte Suprema de Justicia.
01 de junio del 2023.
1/4 pic.twitter.com/Rcd488sc8p— Carlos Giovanni Ruano Pineda (@carlos_ruano_) June 1, 2023
La FCT es una organización dirigida por Ricardo Méndez-Ruiz. Nació con el fin de defender a militares veteranos de alto rango que fueran acusados de delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno; sin embargo, en los últimos años ha sido señalada por “perseguir a jueces, fiscales y funcionarios que lucharon contra la corrupción”, según entidades nacionales e internacionales.
“UNA DENUNCIA ESPURIA E ILEGAL”
Molina Stalling era uno de los sindicados de fraude en la contratación de la Droguería Pisa para brindar el servicio de diálisis en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, (IGSS) a pacientes con padecimientos de enfermedad crónica renal, sin contar con la capacidad para hacerlo.
Ruano fue citado por Stalling en el despacho de la magistrada en donde ella le dijo: “Yo ya no voy a decir más, solo pedirle si hubiera posibilidad de otorgar medida sustitutiva, yo incluso me puse como responsable o garante de mi hijo, mi esposo, la propia abogada”, indicó.
Al día siguiente de esa reunión con Stalling, el juez Ruano conocería una audiencia por dicho caso en la que su hijo junto a otros procesados solicitaría dejar la cárcel y ser beneficiados con arresto domiciliario.
Ruano refirió a los magistrados de la CC que el sistema de justicia no se “debe prestar para un acto vil y cobarde de venganza a manos de la Fundación contra el Terrorismo”. En palabras del juez, se trata de una denuncia “espuria e ilegal por denunciar a la magistrada”.
LO QUE ARGUMENTÓ RUANO
Ruano explicó a los magistrados que para que el antejuicio, un proceso antes de proceder a investigar a ciertos funcionarios públicos, proceda debe cumplir con los requisitos de no ser una denuncia espuria, política y que al denunciante le consten los hechos, según el artículo 4 de la Ley en Materia de Antejuicio.
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“La Corte Suprema de Justicia maliciosamente obvió este requisito, no analizó que a la Fundación contra el Terrorismo le constaran los hechos denunciados. No estuvo en el despacho donde yo estaba con Blanca Stalling, no fue parte del proceso y tampoco del caso IGSS-Pisa”, detalló.
Además, la FCT alega que Ruano denunció las presiones de Stalling cuatro meses después de lo ocurrido a lo que el juez cuestionó “ellos me están denunciando a mí cinco años y nueve meses después”.
FCT DICE QUE HUBO “UN PLAN CONTRA STALLING”
Por su parte el abogado de la FCT, Raúl Amilcar Falla Ovalle, con adjetivos descalificativos contra Ruano abordó su exposición del por qué la CC debe negarle el amparo y resolver en definitiva que se abra una investigación en su contra.
“Cometió graves hechos delictivos al haber usado la toga como una herramienta de persecución para asociarse a esa red criminal denominada CICIG y de esa forma buscar defenestrar a una magistrada de uno de los organismos del Estado para buscar una suplencia de alguien plegado a sus intereses”, refirió Falla.
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Falla y Méndez-Ruiz son de los principales personajes que rechazan el trabajo de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad que investigó casos de corrupción en Guatemala. Ambos miembros de la FCT fueron incluidos en la lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU. como “actores corruptos y antidemocráticos”.
De acuerdo a las declaraciones del abogado, Ruano de “forma dolosa” grabó la conversación con la magistrada para incriminarla. “Esto lo hizo con la antigua FECI”, dijo. La antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) estuvo liderada por Juan Francisco Sandoval, exfiscal que permanece en el exilio.
“No me queda más que decir, juez Carlos Giovanni Ruano Pineda preso o prófugo”, sentenció Falla contra el juzgador tras finalizar su intervención ante los magistrados de la CC.
ASEGURAN QUE HAY PERSECUCIÓN EN SU CONTRA
La FCT ha promovido denuncias en contra de varios jueces, entre ellos: Erika Aifán (hoy exiliada por persecución política), Yassmin Barrios, Pablo Xitumul y el último proceso contra el exjuez Miguel Ángel Gálvez.
De esa cuenta, organizaciones de sociedad civil y entidades internacionales aseguran que es una venganza en contra de Ruano por denunciar a una de las magistradas de la CSJ.
Miguel Ángel Gálvez y Erika Aifán, ambos jueces, también fueron denunciados por la FCT, renunciaron de sus cargos y salieron al exilio en 2022.
La FCT también persiguió a otros operadores de justicia que conocieron casos de corrupción que alcanzaron a empresarios, presidentes, diputados y ministros durante el tiempo de la CICIG.
