El Ministerio Público (MP) dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras validó la sanción que Estados Unidos realizó en contra de una presunta narcotraficante guatemalteca, quien es solicitada en extradición; sin embargo, anteriormente ha rechazado las sanciones emitidas por el mismo país en contra de funcionarios de dicha institución, incluyendo a la jefa de la institución.
El pasado viernes 14 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Ana Gabriela Rubio Zea, por presuntamente haber adquirido precursores químicos de fentanilo en nombre de supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa, organización criminal originaria de México.
Por medio de la cuenta oficial de Twitter del MP se indicó que Rubio Zea “fue aprehendida el 17 de marzo del presente año” y destacó que durante 2023 el ente investigador “ha coordinado la aprehensión de nueve extraditables por delitos de narcotráfico requeridos en EE. UU.”.
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MP RECHAZA SANCIÓN CONTRA PORRAS Y OTROS FUNCIONARIOS
En 2021 y 2022, Porras Argueta, actual jefa del MP y fiscal general, fue incluida en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU., la cual está conformada por ciudadanos de distintas partes del mundo que son consideradas por las autoridades del referido país como supuestos actores corruptos y antidemocráticos.
Sin embargo, en esa ocasión el ente investigador rechazó las sanciones y tachó al referido país norteamericano de “promover una ideología política”.
Según el Departamento de Estado de EE. UU., «durante la gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala, con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos».
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La designación abarcó a los familiares inmediatos de la jefa del MP. Bajo ese caso se encuentra el esposo de Porras, Gilberto de Jesús Porres de Paz, quien ha trabajado también en el MP como fiscal adjunto de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, según el informe anual de esa dependencia del 2020-2021.
Ángel Arnoldo Pineda Ávila, secretario general del MP, y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), también fueron incluidos en la llamada Lista Engel.
De esa cuenta, el MP por medio de un comunicado oficial se aseguró que, “resultan lamentables este tipo de acciones, cuyo objetivo no es la lucha contra la corrupción, sino que se trata de acciones políticas, sesgadas e ideológicas que están perturbando el desarrollo técnico de una institución seria como el MP”.
Ante eso, el MP indicó que en el caso de Rubio Zea, mediante la coordinación que la institución sostiene con agencias de investigación de EE. UU., y a solicitud de juez competente, se efectuó la captura de la guatemalteca.
La señalada enfrenta un proceso de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses, por cargos en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico.
“La actual administración del MP tiene cifras históricas en aprehensión y extradición de personas requeridas por EE. UU., relacionadas a delitos de narcotráfico”.
También se rechazó que las sanciones emitidas por EE. UU. en contra de funcionarios de la Fiscalía se deriven de solicitudes o procesos concretos.
David Napoleón Barrientos, aseguró que en los primeros meses de este año 2023 autoridades han logrado importantes incautaciones a redes del #narcotráfico. Aquí puedes ver de que se trata ⬇️https://t.co/XM6dTsxED8
— Diario La Hora (@lahoragt) April 17, 2023
ANALISTAS: MP MANEJA DOBLE CRITERIO SOBRE SANCIONES
Eddie Cux, de Acción Ciudadana (AC), expresó que el MP “es una institución desgastada y que busca quedar bien con el gobierno de EE. UU.”.
“Los altos funcionarios, como la Fiscal General, no tienen nada de credibilidad y de alguna forma se aferran a eso tratando de quedar bien con Estados Unidos, y de esa forma manejan un doble criterio”, refirió sobre calificar la captura de la supuesta narcotraficante de la forma en la que consta en las redes sociales del MP.
Para este análisis se trató de contactar a la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) y la Fundación Libertad y Desarrollo para incluir su criterio en la nota periodística; sin embargo, las llamadas no fueron atendidas.
** Esta nota se modificó el martes 18 de abril a las 15:00 horas.
