En el marco del Día Internacional de la Mujer hace seis años el fuego consumió parte del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. En esa tragedia murieron 41 niñas y adolescentes, 15 más sobrevivieron con graves quemaduras. Actualmente se lleva un juicio en contra de los responsables, pero “atrasos y formas de frenar la justicia” no permiten continuar con el mismo.
La noche del reciente 7 de marzo un grupo de personas se reunió en el Parque Central en donde se ha instalado un altar para conmemorar a las víctimas de dicha tragedia. Colectivas feministas han renombrado a la Plaza de la Constitución como Plaza de las Niñas.
Con veladoras, flores y mensajes homenajearon a las niñas. “No fue el fuego, fue el Estado”, era la consigna que se leía en un manta.
EL PROCESO QUE NO AVANZA
El pasado 7 de febrero fue el intento número 11 por iniciar el debate oral y público en contra de ocho acusados por la muerte de 41 mujeres menores de edad; sin embargo, una recusación, es decir, un recurso legal para que se cambie de juez fue presentado por uno de los acusados.
De esa cuenta, no existe fecha fija para resolver la petición y podrían pasar meses o incluso años como ha sucedido en otras carpetas judiciales.
El proceso judicial se divide en tres fases, debido a la sumatoria de implicados y las detenciones realizadas en distintos tiempos; para el pasado 9 de enero tuvo que iniciar el juicio en contra de ocho implicados correspondientes a la fase 1 y 2 en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal.
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LA TRAGEDIA
El 8 de marzo de 2017 se reportó un incendio en una de las aulas del Hogar Seguro ubicado en el kilómetro 25 carretera a San José Pinula. El referido hogar estaba a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala.
La tesis del Ministerio Público (MP) es que las niñas murieron debido a que “estaban encerradas bajo llave” en una habitación donde permanecían recluidas y no pudieron escapar de las llamas al momento que ocurrió el incendio.
Las niñas y adolescentes querían salir del aula para utilizar los sanitarios; pero, no les atendieron. En decenas de ocasiones solicitaron que las sacaran, al punto de tener que realizar sus necesidades en una esquina del aula.
En la investigación final se estableció que “una de las niñas habría prendido fuego a una colchoneta de esponja en el aula, para llamar la atención de las autoridades y convencerles de sacarlas”.
Según los testimonios consignados en la carpeta judicial, “cuando empezó a salir el humo, las niñas golpeaban la puerta y gritaban, no se entendía qué decían, posiblemente pedían auxilio”.
EL AUXILIO QUE NADIE ATENDIÓ
Además, dentro de la investigación del ente investigador, las autoridades presentes en el hogar habrían tardado nueve minutos en abrir la puerta, aunque la defensa indica que el tiempo de respuesta fue más breve.
Según los informes, los extintores no funcionaron, por lo que los funcionarios allí presentes tuvieron que llevar agua en contenedores de plástico de otras fuentes de agua mientras llegaban los bomberos. “Algunos monitores llevaron sábanas y toallas mojadas”, consta en la documentación.
Por otra parte, los Bomberos Voluntarios habrían tenido que esperar cerca de 40 minutos para entrar al hogar ya que al principio se les negó el permiso de ingreso.
Algunas de las niñas sobrevivientes informaron a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que los monitores del Hogar Seguro estaban filmando con sus teléfonos celulares mientras las niñas heridas intentaban salir del aula.
LOS ACUSADOS DE LA MUERTE DE 41 (FASE 1 y 2)
-Carlos Antonio Rodas Mejía, exsecretario de Bienestar Social.
-Anahy Keller Zabala, exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social,
-Santos Torres Ramírez, exdirector de la Casa Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
-Gloria Patricia Castro Gutiérrez, exdefensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
-Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de Menores de la Procuraduría General de la Nación.
-Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil
-Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, exsubinspectora de la Comisaría 11, Policía Nacional Civil.
-Brenda Yulissa Chamám Pacay, exjefa del Departamento de Protección contra el Maltrato.
LOS ACUSADOS DE LA FASE 3
En cuanto a los sospechosos de la tragedia que constan en la tercera fase, se encuentran pendientes de iniciar la etapa intermedia para conocer si deben enfrentar un juicio. Estas diligencias están programadas para 16 y 17 de mayo de 2023.
Los sindicados son:
Rocío Albany Murillo Martínez
Rolando Romeo Miranda Navarro
Ofelia María Pérez Campos
Crucy Flor de María López Pérez.
