La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió mantener el arresto domiciliario a Ronald García Navarijo, exdirector del Banco de los Trabajadores (Bantrab) y denunciante en el caso que se sigue en contra de José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico.
La máxima corte rechazó un recurso de apelación que presentó la Procuraduría General de la Nación (PGN), querellante adhesivo del caso, para que no se le otorgara el arresto domiciliario.
De esa cuenta, los magistrados de la CC ratificaron la resolución que en definitiva lo mantendrá en libertad condicional dentro de la carpeta judicial denominada Arca o Bantrab.
A García Navarijo se le otorgó el arresto domiciliario cuando dio positivo a COVID-19 y en septiembre del año pasado la CC confirmó las medidas sustitutivas. En este caso se le acusa por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y peculado.
DE ACUSADO A ACUSADOR
García Navarijo ahora es colaborador eficaz de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) a cargo de Rafael Curruchiche en el caso contra Zamora. El exdirectivo fue capturado el 7 de febrero del 2018, tras pasar dos años prófugo.
Él acusa a Zamora de “chantaje” con publicar información de los casos en los que estaba involucrado y a cambio le pidió blanquear Q300 mil que presuntamente el periodista tenía en efectivo.
EL CASO
Según la investigación del MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), García Navarijo integró una estructura criminal formada por miembros de la Junta Directiva, y particulares del Bantrab.
De acuerdo con las pesquisas, ellos se asociaron con la finalidad de saquear el patrimonio del banco, y enriquecerse a costa de los accionistas, entre ellos el Estado de Guatemala. De esa cuenta, el referido banco sufrió un detrimento importante de su patrimonio en dos vías:
Por la venta de diez casas compradas a un precio muy inferior a su avalúo, valoradas en Q7 millones, de las cuales solo se pagaron Q4 millones, y por sus fondos, al pagar Q5.5 millones en la simulación de honorarios, los cuales a su vez sirvieron para la compra de las casas.
Todo lo anterior fue realizado con participación y connivencia de los miembros de la Junta Directiva, quienes autorizaron el desembolso del dinero, así como la posterior venta de los activos del banco, según la acusación de la carpeta judicial.
