Sandra Torres, secretaria general del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y siete personas más fueron beneficiadas ayer con el cierre del proceso penal que se seguía en su contra, el cual se denominó como Financiamiento UNE. Sin embargo, la investigación se ha desarrollado en fases y otros sospechosos también han resultado con fallos favorables.
Los últimos beneficiados en el caso, de acuerdo a la resolución que emitió Claudette Dominguez, jueza de Mayor Riesgo A, fueron:
Gustavo Alejos.
Mynor Feizal Zimeri Corado.
Nelson Alexis García Morales.
Edín Alberto Álvarez Pérez.
Julio César López Villatoro.
Carlos Enrique López Girón.
Víctor de Jesús Duarte Mendoza.
El pasado martes 29 de noviembre, en una audiencia que duró varias horas y que se extendió por la noche, Domínguez concluyó en sobreseer el caso en contra de Torres y los otros siete, por considerar que el Ministerio Público (MP) no cuenta con indicios que le hagan ordenar que el caso sea conocido en un tribunal de Sentencia Penal.
BENEFICIADOS EN OTRAS FASES DEL CASO
Entre los sindicados en el caso que figuran en otras fases, que posteriomente fueron beneficiados, se encuentran:
Ángel Ren Guarcas: exalcalde de Chiché, en Quiché, beneficiado con el cierre del caso en su contra por el delito de financiamiento electoral no registrado.
EL CASO ESPECIAL DE LOS LEAL
Los empresarios Mario Roberto Leal Pivaral y Rodrigo Leal Castillo, papá y hermano de Mario Roberto Leal Castillo, excandidato a la vicepresidencia por la UNE, son dos personas que fueron vinculadas al caso por el Ministerio Público (MP).
Ninguno fue encontrado por las autoridades, por lo cual se les declaró en rebeldía, lo cual significa que permanecían prófugos. Sin embargo, eso no impidió que pudieran resolver su situación.
Los dos buscan que quede sin vigencia el caso en su contra por el delito de financiamiento electoral no registrado. La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó parcialmente una apelación a favor de ellos, en la cual se declara que no pueden ser señalados por ese ilícito.
Ante eso, el MP deberá cambiar el delito por el cual se les vincula al caso.
Tras ser viralizado en redes sociales posible hundimiento en un área de Villa Nueva, se realizó un recorrido en la zona afectada. Aquí el vídeo e imágenes 👇🏽 https://t.co/52qkkEd853
— Diario La Hora (@lahoragt) November 30, 2022
EL CASO CONTRA LA UNE
La investigación nació en febrero de 2019, cuando fueron presentados los primeros hechos que figuran en la investigación.
Según el MP, la UNE habría utilizado a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido, por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña de 2015.
El objetivo era que el partido burlara el control que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenía sobre los fondos de la campaña electoral que realizó el referido año.
Para el MP, el partido político recibió al menos siete aportaciones de dinero que sumaron Q5.9 millones que no fueron reportados al órgano encargado de controlar a las organizaciones políticas y los procesos de elección popular.
