El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo A sustituir la medida de prisión preventiva que guarda por el caso Cooptación del Estado, por una serie de restricciones que le permitieran volver a su vivienda. La diligencia se realizó bajo reserva judicial este miércoles 30 de noviembre.
“Lamentablemente, como ustedes bien saben, se decretó la reserva parcial específicamente sobre la audiencia de hoy. Así que yo estaría cometiendo una ilegalidad si comento interioridades sobre dicha audiencia”, manifestó Sinibaldi a la prensa.
Derivado de la reserva de la diligencia, la jueza ni los abogados de las partes procesales pudieron confirmar si se había otorgado el beneficio al exfuncionario. De manera extraoficial se conoce que se modificó la medida de coerción que Sinibaldi mantenía.
JUEZA DOMÍNGUEZ CUBRE A GÁLVEZ
La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, estuvo a cargo de la audiencia ante la renuncia de Miguel Ángel Gálvez como juez de Mayor Riesgo B, quien tenía bajo su control el proceso.
Sinibaldi está ligado a cinco procesos penales, entre ellos Cooptación del Estado, Odebrecht, Construcción y Corrupción y Transurbano, por los cuales se le ordenó que guarde prisión preventiva, mientras que en el que se denomina como Arca se le declaró la falta de mérito a los cargos que se hacían en su contra.
El exdiputado deberá continuar con la obligación de firmar el libro de procesados en el Ministerio Público (MP). Aquí detalles ⬇️ https://t.co/kU8tMsCYDo
— Diario La Hora (@lahoragt) November 30, 2022
CASO COOPTACIÓN DEL ESTADO
Sinibaldi fue ministro de Comunicaciones durante la administración gubernamental de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, del extinto partido político Partido Patriota (PP), quienes también se encuentran en prisión preventiva por supuestos actos de corrupción.
En este caso el Ministerio Público (MP) señala a Sinibaldi por supuestos delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
La investigación determinó un sistema que lavaba dinero para captar fondos durante la campaña electoral que el PP efectuó en 2011, la cual llevó a la Presidencia a Pérez Molina y Baldetti.
Durante el proceso se conoció que varias instituciones clave del Estado fueron cooptadas por la estructura criminal, la cual utilizó un “esquema financiero con apariencia de legalidad y cuyo fin era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura”.
