El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche informó que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones declaró con lugar el recurso de apelación que cerraría el proceso contra el abogado Francisco García Gudiel.
Por lo cual, “deja sin efecto dicha resolución y anula todo lo actuado dentro del proceso denominado Asesoría Legal y Red de Lavado de Activos, parte del caso conocido popularmente como La Multicausa”, comunicó Curruchiche.
Curruchiche señaló, “esto derivado que, según la resolución de la Sala, se advierte que se violentó el debido proceso. Hay falta de competencia y falta de autorización de la Cámara Penal para conocer el caso, además, de incidencias anómalas sobre cómo se llevó a cabo dicha investigación”.
“Según lo establece la resolución de la Sala el actuar de la antigua FECI se convirtió en un atentado jurídico al retorcer el debido proceso”, señaló el jefe de la FECI y agregó “que existen fases e incidencias que se desarrollan en el proceso penal”.
Por lo anterior indicó, “los cuales no se pueden alterar tal y como sucedió en este caso en el que se mezclaron un proceso con personas diferentes, hechos, actos y fechas a otro proceso de investigación”.
RESPONSABILIZA A SANDOVAL Y AIFÁN
Según lo comunicado por Curruchiche, la jueza Erika Aifán avaló “las ilegalidades del actuar de Juan Francisco Sandoval Alfaro (exjefe de la FECI) y Sara Leticia Sandoval Guerra”.
“Dicho actuar convirtió la justicia en un atentado judicial al avalar actos ilegales y arbitrarios, los cuales quedaron plenamente evidenciados y es procedente certificar lo conducente en contra de las personas que pudieren resultar responsables”, aseguró Curruchiche.
Además, el jefe de la fiscalía refirió sobre próximas denuncias en contra de los tres exfuncionarios antes mencionados, “dicha resolución deja sin efecto y anula todo lo actuado dentro del proceso al advertir un sin número de irregularidades, por lo que la FECI presentará las denuncias correspondientes”, dijo.
De acuerdo con Sandoval y Aifán, ellos se encuentran exiliados debido a la “persecución en contra de fiscales, jueces y activistas anticorrupción” por parte de la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
SEÑALA A LA ANTIGUA FECI
Dentro de sus declaraciones, Curruchiche expuso, “estamos ante un patrón sistematizado en donde los jueces advierten múltiples anomalías e ilegalidades en las investigaciones por la antigua FECI.
“La población guatemalteca tiene el derecho a una justicia objetiva, imparcial y sin ningún sesgo acorde a sus necesidades y respetuosa del debido proceso, por lo que pueden tener la certeza que no escatimaremos ningún esfuerzo para garantizarlo”, concluyó.
Rafael Curruchiche fue incluido por el Departamento de Estado (EE. UU.), en la Lista Engel, que señala de actores corruptos a algunos funcionarios, exfuncionarios y empresarios de Guatemala
Se evalúa si proceder o no en retirarle inmunidad al ministro del MAGA por presunta vinculación en el caso Asodefir. Aquí los detalles: https://t.co/2geRUuy3Az
— Diario La Hora (@lahoragt) September 29, 2022
GARCÍA GUDIEL DESISTIÓ DE AMPAROS CONTRA PORRAS
El 10 y 17 de agosto, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó las resoluciones del pleno de magistrados y en ambos días se consignaba que el abogado García Gudiel solicitó desestimar dos amparos que promovió contra la Fiscal General, Consuelo Porras.
Lo anterior se dio a conocer en la publicación “Una vez “enemigo” de Porras, García Gudiel desiste de amparo contra la Fiscal”, en donde se consignó:
“Una fuente con conocimiento del tema explicó a La Hora que las acciones de Gudiel estarían vinculadas al abogado, Marco Aurelio Alveño Hernández, quien huyó del país tras la destitución de Juan Francisco Sandoval como titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ya que había colaborado en un caso sobre filtración de información desde el despacho de Consuelo Porras”.
Además, en la nota periodística “FECI se alía con García Gudiel para quitar a Aifán”, se dio a conocer que la referida unidad, que actúa bajo órdenes de Porras, se adhirió a una petición del sindicado García Gudiel, a través de un incidente de falta de competencia, con el propósito de que en el caso «Operación Lavado de Activos» la jueza Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo «D», sea apartada del proceso.
¿QUÉ PROCEDE CON EL CASO?
El pasado 16 de junio, el juez suplente de Mayor Riesgo “D”, Edwin Ramírez otorgó arresto domiciliario al abogado Francisco García Gudiel vinculado en el caso “Operación Lavado de Activos”, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. El sindicado efectuó el pago de Q1 millón en concepto de fianza para salir de la cárcel de Mariscal Zavala.
Por lo tanto, al anularse todo lo actuado dentro del proceso, García Gudiel recuperaría su libertad y se le devolvería el Q1 millón en concepto de fianza.
En el caso del colombiano William Darío Molina Ruiz, implicado en el mismo caso por el delito de lavado de dinero u otros activos, en su momento la medida sustitutiva fue rechazada ya que el juzgador consideró que persiste el peligro de fuga; sin embargo, con esta resolución quedaría en libertad.
EL CASO
Según las pesquisas planteadas por la FECI, García Gudiel habría prestado servicios de asesoría legal al exdiputado José Guillermo Samayoa Soria dentro del caso Construcción y Corrupción Fase I.
Como parte de los servicios profesionales prestados, el abogado García Gudiel y Molina Ruiz ocultaron a Samayoa Soria de las autoridades en una residencia ubicada en el kilómetro 22 de la ruta CA-1 Oriente, según las pesquisas.
Ricci expresó que espera la respuesta de Giammattei para nombrarlo en el cargo de nuevo titular del Banguat. https://t.co/yLJ47fx8WX
— Diario La Hora (@lahoragt) September 29, 2022
En este lapso, según la FECI, el abogado García Gudiel asesoró a Samayoa Soria y le recomendó que, ya que los bienes y cuentas bancarias que poseían serían objeto de embargos judiciales y procesos de extinción de dominio, “para proteger su patrimonio”, trasladaría el dinero a cuentas bancarias de él, justificando los movimientos como pago de honorarios por servicios profesionales.
Sugirió, además, el traslado de fondos desde las cuentas bancarias de las empresas vinculadas con José Guillermo Samayoa Soria a cuentas bancarias de entidades mercantiles vinculadas con el abogado García Gudiel y Molina Ruiz por un monto de Q59 millones.
