Guatemala vivió el pasado domingo 18 de enero una violenta jornada de ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en al menos 12 puntos de la capital y municipios cercanos.
Estos hechos de violencia, según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el presidente Bernardo Arévalo, fueron una represalia coordinada por el Barrio 18 luego de los motines organizados en tres centros penitenciarios y la recuperación del control por parte de las fuerzas de seguridad.
Los hechos armados dejaron nueve agentes de la PNC fallecidos y más de una decena de heridos. Ante esta situación, Arévalo decretó estado de sitio por 30 días en todo el país.
Aunque los ataques ocurrieron en su totalidad en el departamento de Guatemala, todos ocurrieron de manera simultánea y coordinada en los siguientes puntos urbanos:
- Colonia El Limón, zona 18.
- Cumbre del Guayabo, Chinautla.
- Subestación de Altos de Santa María, San Pedro Ayampuc.
- Colonia La Alameda III, zona 18.
- Villa Lobos, Villa Nueva.
- Colonia Roosevelt y 9a avenida, zona 11.
- 20 calle y 26 avenida, zona 10.
- Calzada Aguilar Batres y 50 calle, frente al Centro de Justicia de Villa Nueva.
- 20 calle final y 27 avenida, zona 4 de Santa Catarina Pinula.
- Chichimecas, Villa Canales.
- Bárcenas, Villa Nueva.
- Avenida Hincapié y 28 calle, colonia Santa Fe, zona 13.
Ataques simultáneos contra la PNC dejan al menos 8 policías fallecidos y 10 heridos
ÁREAS VULNERABLES Y ESCAPE FÁCIL: ANÁLISIS DE EXPERTOS
Analistas consultados por La Hora señalaron que muchos de los ataques se dieron en zonas abiertas o con fácil acceso a rutas que facilitan la fuga de los pandilleros miembros del Barrio 18, lo que sugiere un conocimiento previo del terreno y de los patrones de patrullaje policial.
En tanto, Eddy Morales, sociólogo criminalista, explicó que las zonas de ataque suelen ser puntos donde las pandillas han tenido historial de control territorial y donde los agentes son más vulnerables por rutinas de patrullaje previsibles.
“Esto no tiene nada de espontaneidad. No fue planificado de la noche a la mañana, sino que se llevó un tiempo. La gran mayoría eran lugares vulnerables, áreas abiertas o posiciones fijas que ya tenían controladas”, afirmó Morales.
En la misma línea, Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), resaltó que los ataques se registraron en colonias con múltiples vías de escape, lo que facilitó la huida de los atacantes.
“Son zonas donde hay callejones, áreas densamente pobladas y posibilidades de escapar fácilmente a pie o entre las casas. Eso indica que quienes atacaron conocen perfectamente el terreno”, explicó.
Ambos analistas coinciden en que los ataques contra los agentes reflejan una coordinación previa, además de un conocimiento detallado del territorio, lo que refuerza la hipótesis de que hubo una planificación criminal.
CÁRCELES AUN BAJO EL CONTROL DE PANDILLAS
Los ataques contra la PNC ocurrieron luego de que autoridades retomaran el control en el Centro de Máxima Seguridad Renovación I, en Escuintla, lo que, según los expertos, confirma una coordinación entre estructuras dentro y fuera de las cárceles.
Para Polanco, el problema de fondo es que el Estado nunca ha recuperado el control real del sistema penitenciario. “Hay que recordar que los centros carcelarios siguen en manos de los delincuentes. No ha habido capacidad ni de este gobierno ni de los anteriores para tomar control efectivo”, expresó.
Además, señaló que existe una debilidad de la inteligencia civil, tras el desmantelamiento de instancias creadas luego de los Acuerdos de Paz.
“Si hubiera una inteligencia civil apropiada, estoy seguro de que se habría detectado este tipo de movimientos, tanto dentro de las cárceles como en las calles”, añadió.
Por su parte, Morales coincidió en que el despliegue de ataques responde a información y coordinación interna, vinculada a los centros penitenciarios donde operan las estructuras más fuertes, en este caso el Barrio 18, liderado por Aldo Ochoa, alias el «Lobo».
PUEDE EL «LOBO» SER TRASLADADO A EE. UU.
En el marco de esta crisis, las exigencias del «Lobo» fue uno de los temas que las autoridades de Gobernación mencionaron, ya que habrían sido el motivo de los motines del fin de semana.
De igual manera, surgió el debate sobre la posibilidad de trasladar a Estados Unidos al líder del B-18, con base en la Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.
En ese sentido, el sociólogo Morales remarcó que esta posibilidad está relacionada con el lugar donde una persona cometa un delito.
“En el caso de la extradición, va en relación con dónde se comete el delito. Si toda su operatividad criminal la ha hecho en Guatemala, entonces ¿quién va a pedir extradición? Nadie”, explicó.
Morales aclaró que solo sería viable si se comprobara criminalidad transnacional, como lavado de dinero o narcotráfico hacia EE. UU.
“Cuando hay criminalidad transnacional sí se puede pedir una extradición, pero en este caso no hay ningún crimen de ese tipo comprobado, excepto que se demuestre lo contrario”, aclaró.
