El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado este miércoles 4 de diciembre en el que rechaza las medidas intimidatorias y amenazas que ha recibido del Ministerio Público (MP) respecto de caso de la cancelación del partido Movimiento Semilla.
El TSE aprovechó para hacer un llamado al respeto de poderes de Estado y la autoridad del propio Tribunal y les recordó que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es la «única norma aplicable en la materia, que tiene rango constitucional».
«Rechazamos las medidas intimidatorias y amenazas recibidas contra autoridades y personal de esta institución», aseguran en el comunicado.
En el informe oficial, el TSE recuerda que «este tipo de prácticas no se empleaban desde regímenes militares en el Conflicto Armado Interno».
«Instamos a seguir expresándonos con libertad, igualdad, respeto a la democracia, cultura de paz y al deber de cada organismo del Estado», aseguraron.
El Tribunal Supremo Electoral a la ciudadanía en general informa: pic.twitter.com/ZX0AqkdchO
— TSE Guatemala (@TSEGuatemala) December 4, 2024
EL ÚNICO PARA ACCIONAR CONTRA PARTIDOS
En el comunicado, el TSE resaltó que es el único órgano facultado para resolver sobre la inscripción, sanción, suspensión o cancelación de organizaciones políticas, de acuerdo con el artículo 125, literal f de la LEPP.
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Así mismo, reiteró el compromiso de defender el sistema democrático en el país y el respeto al voto como un derecho ciudadano.
FISCAL DE FECI AMENAZA A MAGISTRADOS
La agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP), Leonor Eugenia Morales Lazo, envió un oficio al pleno de magistrados del TSE, en donde les advierte que de no confirmar la cuestionada cancelación del partido político Movimiento Semilla, que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia, podrían ser sujetos de una investigación penal.
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El oficio de la fiscal Morales cuenta con el aval del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, sancionado por EE. UU. en 2022 en la lista de personajes corruptos y antidemocráticos, la Unión Europea y Canadá por el intento de golpe de Estado para evitar que asumiera Arévalo.
La fiscal de la FECI advirtió que «cualquier acción que limite, restrinja o impida el cumplimiento de una orden judicial podría constituir un acto punible y será objeto de persecución penal.
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