La directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, fue ligada a proceso penal y enviada a prisión preventiva por el delito de financiamiento electoral no registrado, luego de la resolución del juez Fredy Orellana, quien afirmó que existen indicios «racionales suficientes para dictar un auto de procesamiento en contra de la exdiputada del partido Movimiento Semilla».
Orellana afirmó que no es posible dictar medidas sustitutivas para la exdiputada del partido Semilla.
La fiscal del Ministerio Público (MP) Leonor Morales, sancionada por EE. UU., en su declaración señaló que Hernández, como secretaria general adjunta 1 de Semilla, aprobó el informe económico de la organización política que presentó el Comité Ejecutivo Nacional, pero que este contiene «serias ilegalidades».
Sin embargo, la fiscal no mencionó la cantidad que en el informe no se habría reportado, y que habría sido responsabilidad de Hernández.
Al inicio de su exposición, Morales únicamente mencionó que el partido Semilla recibió Q423 mil 382 dólares en 2019, por haber obtenido el 5 por ciento de los votos válidos en la elección de diputados a listado nacional.
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De acuerdo con la fiscalía, un informe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) se establece que existen transacciones sospechosas reportadas por entidades de bancarias.
Según la fiscal Morales, este informe es un indicio para suponer la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos, por parte del partido Movimiento Semilla.
«El partido político Movimiento Semilla no utilizó en el año 2019 el sistema de Cuentas Claras Guatemala, la cual es de uso obligatorio para la rendición de cuentas de las organizaciones políticas», indicó Morales, y con esto, estarían revelando la falta de transparencia en el financiamiento del partido.
