Por Denis Aguilar
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En el marco del primer año de Gobierno de Alejandro Giammattei, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), hizo un llamado al Ejecutivo para que se enmiende la política fiscal y se corrijan los escándalos de corrupción de cara a este 2021, así como los malos manejos y la incapacidad de gestión.
En ese sentido, el Icefi hizo un balance del primer año de Giammattei, donde han identificado falencias notables y plantearon desafíos “importantes” que se deben resolver para la legitimidad y gobernabilidad.
“A criterio del Instituto, la calidad, transparencia, eficacia, eficiencia y prioridades adecuadas del gasto público, un programa anticorrupción y de transparencia fiscal creíble y efectivo, y la reducción del endeudamiento público por medio del incremento de los ingresos tributarios, son premisas obligadas para que el Gobierno pueda recuperar cuotas de legitimidad y credibilidad”, señalaron.
El Icefi detalló que el gasto público en 2020 equivalió a un 89.7% del presupuesto vigente, indicando que hubo ministerios que presentaron niveles de ejecución “anómalamente bajos”, como el caso del Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
“La incapacidad de algunas dependencias gubernamentales para ejecutar el presupuesto es más grave, ya que las cifras oficiales muestran como ejecución presupuestaria la transferencia de fondos de una entidad centralizada a una descentralizada o no gubernamental, la que en realidad no ejecuta los fondos alcanzando a los beneficiarios finales”, precisaron.
Programas como el de Dotación Alimentaria, ejecutados por el Ministerio de Agricultura y por el Ministerio de Desarrollo Social, a criterio del Icefi, presentan anomalías notorias al reportarse niveles bajos de ejecución.
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“A los manejos inadecuados y la incapacidad, se sumaron escándalos de corrupción y abusos. Particularmente notorios fueron los escándalos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al punto que, con solo cinco meses en el poder, el Gobierno del presidente Giammattei destituyó al ministro y todos sus viceministros, acusando a algunos de ellos ante el Ministerio Público por la comisión de delitos asociados a actos de corrupción, pese a ser la principal entidad responsable de responder ante la emergencia por la pandemia”, indicaron.
Recordaron las anomalías registradas en Dirección General de Caminos por posibles malversaciones de fondos, además, que la cartera de Comunicaciones no ejecutó recursos en apoyo a los damnificados por las tormentas Eta e Iota.
Asimismo, recordaron que el Gobierno reprimió violentamente a manifestantes y no supo manejar la crisis, lo cual derivó en una pérdida acelerada de credibilidad y legitimidad, indicaron que lo anterior fue originado por el tema del Presupuesto 2021.
“Aunque el Congreso de la República dio marcha atrás y archivó el decreto con el que se había aprobado el presupuesto para 2021, la profunda desconfianza ciudadana persiste y constituye una dificultad política considerable para el proceso de readecuación del presupuesto vigente de 2020 para ejecutarlo en 2021”, dijeron.
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En cuanto al tema de la recaudación tributaria, el Icefi mencionó que falta de capacidad de la Superintendencia de Administración Tributaria sigue siendo uno de los principales desafíos de la política fiscal.
“Considerando que las estimaciones de la pérdida de recursos por evasión, contrabando y otras formas de fraude tributario en los impuestos sobre la renta y al valor agregado son de alrededor de Q 40.0 millardos anuales, es claro que la SAT no está cumpliendo las funciones establecidas en su ley orgánica”, precisaron.
En ese sentido, aseguraron que uno de los principales desafíos en la política fiscal es corregir las falencias que presentan la SAT y convertirla en una entidad que recupere recursos reduciendo la evasión fiscal y el contrabando.
“La recuperación de la efectividad de la SAT y el consecuente incremento de los ingresos tributarios debe ser la principal acción para reducir el déficit fiscal y el endeudamiento público, a la vez que el Gobierno cumpla sus obligaciones constitucionales”, señalaron.
