Por Denis Aguilar
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Datos del Ministerio Público (MP) evidencian que a medida que se fueron creando más fiscalías en el interior del país, los gastos de arrendamiento de inmuebles también aumentaron. Analistas consultados destacaron que esto abre el debate respecto a la conveniencia para las entidades públicas de optar a compras de inmuebles para ahorrar gastos.
En el año 2015, durante la administración de Thelma Aldana, el MP pagaba en arrendamiento de edificios Q11,376,929.06, mientras que, para finales de su gestión, en 2018, ascendieron a Q25,612,955.83.
Al asumir el cargo la nueva administración del MP, bajo dirección de Consuelo Porras, la institución llegó a tener un gasto en arrendamiento de inmuebles de Q35,209,044.21, lo cual se deriva del aumento de cobertura del ente investigador.
“En 24 años de existencia, el Ministerio Público únicamente contaba con presencia en 64 municipios, con un 16% de cobertura a nivel nacional, mientras que de mayo de 2018 a la fecha hemos logrado cobertura en 273 municipios para un total de 80% a nivel país y para 2021 alcanzaremos cobertura total”, dijo Juan Luis Pantaleón, jefe de prensa del MP.
SOLO 27 INMUEBLES PERTENECEN AL MP
Pantaleón señaló que de todos los edificios que actualmente el MP ocupa para sedes de fiscalías, solo 27 son de su propiedad.
Asimismo, indicó que hay un total de 6 edificios de uso provisional y 2 donaciones que han sido entregados por la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).
El MP señala que “es trascendental acercar la justicia a la ciudadanía”, con el fin de coadyuvar en la aplicación de la justicia, promoviendo la persecución penal con responsabilidad, ética, objetividad e imparcialidad.
“El no contar con acceso a la justicia se traduce en impunidad por lo que es indispensable contar con presencia del Ministerio Público en todos los municipios del país y para ello se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizarle un acceso a la justicia eficiente a la ciudadanía”, dijo Pantaleón.
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AHORA RESALTAN LOS Q122 MILLONES VINCULADOS A BENITO
Además, señaló que se han dado resultados para que bienes recuperados por casos de corrupción sean devueltos a la ciudadanía, como el caso de Q122 millones decomisados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en la Antigua Guatemala, vinculados al ex ministro de Comunicaciones, José Benito.
“Existen casos significativos en ese sentido, tal como los Q122 millones decomisados en Antigua Guatemala, edificios, oficinas, viviendas, vehículos entre otros, que mediante los procesos que establece la ley en la materia, se espera puedan estar al servicio de las instituciones que establece dicha ley, en beneficio de la ciudadanía”, indicó el MP.
EDIFICIO DE LA DISCORDIA
La exfiscal general, Thelma Aldana, autorizó la compra de un edificio para uso del MP en el 2017 por un monto de Q35 millones, por lo que se solicitó una orden de captura en su contra en 2019.
Dicho edifico fue adquirido bajo el argumento de que el MP no cuenta con edificios propios en cantidades suficientes para albergas las distintas fiscalías y dependencias del ente investigador, lo cual era una limitante para el crecimiento institucional.
El edificio se encuentra ubicado en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, cuenta con 6 niveles y tres sótanos, fue comprado a la entidad Bertram.
Cabe resaltar que dicha adquisición del inmueble fue respaldada por el Ministerio de Finanzas, a través de la Dirección de Catastro y avalúo de Bienes Inmuebles, la cual realizó el cálculo del valor de la propiedad y fijó el precio en un monto de más de Q35 millones.
MARROQUÍN: ARRENDAMIENTOS SE HAN VUELTO FUENTES DE DESPILFARRO
Manfredo Marroquín, integrante de Acción Ciudadana (AC), señaló que el tema de los arrendamientos para entidades del Estado se ha salido de control y se han convertido en fuentes de despilfarro de recursos públicos.
“Obviamente en esos contratos, en la mayoría de ellos, hay sobornos, hay negocios porque no tienen ningún sentido estar invirtiendo tanto cuando efectivamente se podría hacer una compra y obtener préstamos hipotecarios para seguir pagando para que la quede a la institución”, explicó Marroquín.
Además, resaltó que esto sucede en distintas instituciones, como el Congreso y ahora en el Ministerio Público, asegurando que esto es parte del desorden que hay en la gestión pública, al no haber un ente rector que determine cuándo es conveniente mejor adquirir un inmueble a seguir pagando un arrendamiento.
“En el caso del Congreso, por ejemplo, ya hasta su hubiesen comprado cuatro propiedades, de tantos años que se lleva alquilando una propiedad y el colmo como lo vimos en el caso del Ministerio de Desarrollo hasta se incrementa la renta en época de pandemia, cuando todos sabemos que las rentas bajaron”, añadió.
Respecto al tema del edificio del MP, Marroquín indicó que se evidencia que esa situación fue una persecución política, asegurando que para cualquier persona con sentido de administración es mucho más eficiente adquirir un inmueble y no arrendarlo.
“En esos alquileres, en la mayoría de ellos, hay negocios debajo de la mesa”, puntualizó.
GARCÍA FONG: SERÍA MÁS IMPORTANTE CONTAR SON SEDES PROPIAS
Gustavo García Fong, experto de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), señala que el contar con sedes propias incide en la eficiencia del trabajo que realiza el Ministerio Público, además de que permite la provisión de fondos para otros aspectos.
“Como por ejemplo la formación y capacitación del personal. Sin duda que debería ser más importante contar con sedes propias, lo cual no necesariamente implica una erogación de fondos, dado que de conformidad con la ley muchos de los bienes que se han extinguido al crimen organizado pueden funcionar para acoger oficinas del Ministerio Público”, dijo García Fong.
Además, mencionó que la extinción de bienes son procesos que se deben de seguir y que estos es parte del respeto a la cultura de la legalidad dentro del país.
“Una vez agotados los procedimientos establecidos, lo lógico sería que el bien pasara al servicio de la institución, si el asunto se presenta muy engorroso pues se deberán definir nuevos mecanismos para plantear las reformas necesarias y así que las adjudicaciones se realicen con más celeridad”, apuntó.
Por último, García Fong resaltó que mientras más transparencia exista en cualquier tipo de adjudicación de bienes públicos, es una garantía para la institución y para la ciudadanía en general, ya que el proceso puede ser auditado.
