Por Denis Aguilar
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La Alianza por las Reformas envió una carta al secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en donde señalan que en las manifestaciones pasadas la ciudadanía realizó demandas legítimas y que el presidente Alejandro Giammattei busca criminalizar los movimientos sociales.
En ese contexto, indicaron que el invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA no es una salvaguarda para los gobiernos y que es para asegurar la continuidad de los procesos democráticos, por lo que cuestionaron lo dicho por el mandatario, quien aseguró que grupos minoritarios pretenden darle un golpe de Estado, por lo que hay una “amenaza” a la institucionalidad.
“Al solicitar la convocatoria del Consejo permanente de la OEA, el gobierno está obligado a reconocer y respetar los derechos humanos de la población guatemalteca y promover la participación de todos los sectores. El respeto a los derechos humanos debe ser una cuestión primordial para concertar cualquier diálogo, pues en medio de un ambiente de represión no puede existir una auténtica confianza”, señalaron.
Tras lo anterior, la Alianza por la Reformas señaló que en los últimos días se ha visto un retroceso en materia de derechos humanos debido a actitudes autoritarias que se han emanado desde las instancias de gobierno, como se observó en las manifestaciones del pasado sábado.
La Alianza por las Reformas envió una carta al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, para hacer de su conocimiento algunos aspectos sobre la situación actual en Guatemala. pic.twitter.com/8ScuD4OWGg
— Diario La Hora (@lahoragt) November 27, 2020
“La ciudadanía ha sufrido una violación al ejercicio pleno de sus derechos con los ataques perpetrados por las fuerzas de seguridad. Han sido ampliamente documentadas las agresiones contra mujeres y las detenciones ilegales de personas que participaron pacíficamente en la última movilización social del pasado 21 de noviembre”, aseguraron.
Recordaron que las personas que participaron en las manifestaciones estaban mostrando su desacuerdo por la forma en que se aprobó el Presupuesto 2021, de manera poco transparente y sin un consenso amplio.
En ese sentido, recordaron que las 43 personas que fueron detenidas en las manifestaciones fueron dejadas en libertad, debido que los jueces consideraron que las acusaciones en su contra eran espurias y con el único objeto de criminalizarlas.
“Los actos perpetrados contra las instalaciones del Congreso de la República fueron hechos aislados, por lo que no pueden ser atribuidos al conjunto de manifestantes. Esto también provoca dudas sobre la posible participación de infiltrados dirigidos por personas interesadas en deslegitimar la protesta social”, afirmaron.
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Mencionaron también que se han sobredimensionado los hechos violentos ocurridos, al acusar de terroristas a las personas que ejerciendo su derecho de manifestación y de libre pensamiento fueron agredidas.
“El gobierno de Giammattei ha intentado criminalizar los movimientos sociales y el activismo en los primeros meses de su mandato. Recientemente promovieron una iniciativa de ley que busca calificar como acto terrorista las protestas violentas y recordemos que la primera iniciativa que promovió el presidente fue la ley para fiscalizar los recursos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), cuya intención es amedrentar y coartar derechos de expresión y asociación, como ha sucedido en Nicaragua”, dijeron.
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VIOLENCIA ESTATAL
Dicho lo anterior, la Alianza indicó que quieren denunciar públicamente que en Guatemala se está viviendo una situación de violencia por parte del Estado y no un intento de golpe de Estado como el Presidente quiera hacer ver al invocar la Carta Democrática Interamericana.
Además, mencionaron que esta crisis que se está viviendo no es algo reciente, sino que es el fruto de un cierre de espacios y de que en los últimos dos gobiernos no se han escuchado las demandas ciudadanas.
“Para solucionar la crisis se requieren muestras de buena voluntad de los gobernantes, quienes solamente buscan adormecer a la protesta social. Esto agravaría aún más la conflictividad, pues lo que se requiere son transformaciones profundas en las políticas públicas para detener la exclusión de amplias mayorías”, expresaron.
Por último, recordaron que la población no quiere tomar el poder por la fuerza, sino que anhela que se respeten sus derechos, que se detenga la corrupción y la criminalidad incrustada en el Estado, de igual forma que se legisle pensando en el bienestar de la mayoría y no de grupos concretos, como ha ocurrido históricamente en Guatemala.
