Por Denis Aguilar
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución para que se dé una supervisión reforzada debido al riesgo que enfrentan los integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), informó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
CEJIL indica que el alto tribunal regional considera que existe una situación de amenaza, intimidación y seguimiento contra tres fiscales de la FECI, entre estos Juan Francisco Sandoval, quien está al frente de la Fiscalía.
La resolución de la Corte IDH se dio en el marco de la supervisión de cumplimiento de la sentencia en el caso Ruiz Fuentes Vs Guatemala, donde se considera la situación de riesgo que enfrentan los fiscales de la FECI vinculados con la investigación del caso.
Una supervisión reforzada se trata de un procedimiento mediante el cual la Corte IDH, da un seguimiento más cercano a sus sentencias.
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En ese sentido, la Corte ha ordenado “realizar una supervisión reforzada del cumplimiento de la obligación de investigar ordenada en dicha Sentencia, en particular en relación a las acciones y mecanismos de protección implementados para que dichos fiscales puedan realizar su labor”.
Con lo anterior, CEJIL indica que la Corte IDH reconoce que los fiscales se enfrentan a intimidación, desprestigio, acoso selectivo e incitación al odio a través de las redes sociales.
A lo anterior se le suman seguimientos y amenazas, así como un cúmulo de denuncias penales presentadas en su contra, por lo aseguran que es necesario implementar acciones para que la labor de los fiscales no se vea obstaculizada.
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“La Corte también constata que la situación de riesgo que experimentan los fiscales se ha ido incrementando en la medida que avanza la investigación penal por los hechos del caso Ruiz Fuentes. Particularmente, hay un aumento del acoso y la intimidación luego de que se formalizara la acusación penal, en febrero de 2020 y se iniciara la fase intermedia del proceso contra los acusados en este caso, entre los que figuran ex funcionarios de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación”, dijo la CEJIL.
La resolución de la Corte recuerda que los Estados tienen la obligación de garantizar el debido proceso y que facilitar el trabajo de los operadores de justicia y protegerlos ante hostigamientos y amenazas.
“Nos unimos al llamado de la Corte para que se realice esta supervisión reforzada y se garantice que los fiscales puedan realizar sus labores con independencia y con resguardo de su integridad personal. El ataque a los operadores de justicia no puede convertirse en otro medio para perpetuar la impunidad”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.
