Por Denis Aguilar
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La Asamblea Social y Popular (ASP), la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y el Centro de Acción de Legal en Derechos Humanos (CALDH), presentaron hoy una inconstitucionalidad contra el Decreto 13-2020, con el cual se estableció estado de Sitio en municipios de Izabal y Alta Verapaz.
En un comunicado de prensa, las organizaciones manifestaron que rechazan esta decisión del gobierno, ya que la consideran injustificada y que es una forma de represión contra los pueblos.
“Es injustificable suprimir derechos bajo la figura del estado de Sitio habiendo establecido un toque de queda y un supuesto control y restricción de movilización interdepartamental, por lo que esta acción solo aporta a la completa vulneración de los derechos humano”, dijeron.
Esperanza Tubac y el Abogado Juan Castro de la Adamblea Social y Popular presentaron esta mañana un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de sitio en la Corte de Constitucionalidad
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 20, 2020
El Estor, Livingston y Morales, en Izabal, así como Santa Catalina La Tinta y Panzos, en Alta Verapaz, han sido puestos en estado de Sitio por el gobierno del presidente Alejandro Giammattei, argumentando la presencia de grupos delictivos en dichos lugares.
Las entidades señalaron que el apoyo que cámaras empresariales le han dado a las acciones del gobierno en dichos departamentos “demuestra la obvia declaración del trasfondo de esta acción”.
“Es evidente que la imposición del estado de Sitio no busca el restablecimiento del orden y la erradicación de actividades ilícitas, sino la adecuación de los objetivos productivos, comerciales y económicos de estos sectores en una región que lucha por salvar el Lago de Izabal de los efectos de la minería”, indicaron.
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Asimismo, dijeron que no están dispuestos a que se continúen limitando los derechos humanos de los pueblos y que estas restricciones de garantías son parte de los desmanes que Giammattei ha logrado contra estos.
Por lo anterior, aseguraron que interpusieron la inconstitucionalidad, para frenar estas acciones, con lo que buscan evitar una militarización de sus territorios, por lo que también pidieron al Congreso de la República no ratificar el estado de Sitio.
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