Por Denis Aguilar
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La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) hizo un llamado al gobierno del presidente Alejandro Giammattei a atender a los pueblos indígenas de Guatemala, ya que son grupos vulnerables ante la pandemia del COVID-19.
En tal sentido la CIJ señala que si los pueblos maya, garífuna y xinca no reciben de forma inmediata, la información necesaria y les asegura el acceso a un adecuado servicio de salud y sin discriminación, podrían ser víctimas de la pandemia.
“Los pueblos indígenas de Guatemala, enfrentan el riesgo de sufrir los efectos destructivos de la pandemia COVID-19, debido a la discriminación histórica y sistemática en su contra; lamentablemente, en la actual crisis, los pueblos indígenas no tienen acceso a información clara y sencilla, para saber cómo protegerse de la pandemia y cómo ser protegidos durante la emergencia, por el sistema de salud”, afirmó Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica.
Ante esa situación, la CIJ pide al gobierno garantizar que la información sobre medidas de prevención fluyan en los idiomas mayas, como el ixil, quiché, mam, q ́eqchí, kakchiquel, canjobal, chuj y otros, así como en los idiomas garífuna y xinca.
“Durante la pandemia, el Estado de Guatemala no ha tomado en cuenta las dificultades (financieras, geográficas, tecnológicas y barreras lingüisticas) que enfrentan los pueblos indígenas, en lo que respecta al acceso a la información. Por el otro lado, la CIJ ha observado que la información sobre las medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia, ha sido comunicada en forma muy limitada”, señaló la CIJ en un comunicado.
Cadena señaló que la debilidad del sistema de salud pública en Guatemala podría agravar la situación para la población guatemalteca, pero principalmente para los pueblos indígenas, debido a la prevalencia del racismo desde siglos atrás.
Por lo anterior, la CIJ instó al Estado de Guatemala a tomar las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para preservar los derechos humanos de los pueblos indígenas durante la presente emergencia y específicamente, para preservar el derecho a la salud, a la alimentación y a la vivienda.
