Por Denis Aguilar
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Desde que asumió el cargo a mediados del 2018, la Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, ha anunciado una serie de investigaciones de oficio y otras por denuncias que se han presentado por distintos casos que han logrado acaparar los reflectores mediáticos de la sociedad guatemalteca.
No obstante, desde que estas pesquisas se anunciaron poco se ha sabido del avance que han obtenido; en algunos de los casos, las fiscalías detallan que no se pueden revelar los casos ya que están bajo reserva, mientras que otros han anunciado algunas dificultares para el avance de las investigaciones. En resumen, los casos están en investigación, iniciado el análisis, bajo reserva y/o desestimadas.
Estos son algunos de los casos que en los que el Ministerio Público de Consuelo Porras anunció investigaciones de oficio, en los que también se contempla uno que se inició por una denuncia anónima:
CASO CASH LUNA, EN INVESTIGACIÓN
El 5 de diciembre del 2018, la Fiscal General, instruyó a que se iniciara una investigación al pastor evangélico, Cash Luna, de la Iglesia Casa de Dios, esto luego de que una investigación de la cadena Univisión revelara sus posibles nexos con la narcotraficante Marllory Chacón.
La Fiscalía de Lavado de Dinero indicó que el caso de Cash Luna está en un estatus de investigación y que no es posible dar más detalles debido a que la Ley de Lavado De Dinero establece reservas en las investigaciones de esa materia.
CASO VOLCÁN DE FUEGO, EN INVESTIGACIÓN
Cuatro días después de la tragedia del Volcán de Fuego ocurrida el 3 de junio del 2018, Porras anunció que haría una investigación de oficio, para determinar si se activaron los protocolos necesarios que permitieran tomar las decisiones prudentes y oportunas.
La Fiscalía de Delitos Contra la Vida, que es la que lleva la investigación del caso, no dio más detalles al respecto de estas pesquisas, asegurando que las mismas continúan.
Según los datos oficiales, la erupción del Volcán de Fuego cobró la vida de 201 personas y otras 299 quedaron desparecidas.
DENUNCIA POR TESTIGOS NO IDÓNEOS, DESESTIMADA
El 26 de noviembre del 2018, la Fiscal General anunció una investigación por la posible utilización de testigos “no idóneos” en el caso Ejecuciones Extrajudiciales y Tortura, donde se encuentra sindicado el ex Ministro de Gobernación Carlos Vielman y expolicías.
No obstante, al hacer la consulta con el Ministerio Público sobre el avance de esta investigación, se informó que la Fiscalía de Asunto Internos, la cual llevaba el caso, desestimó la denuncia debido a que esta fue presentada de manera anónima.
Porras había tomado la decisión de investigar este caso luego de la presión ejercida por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que había pedido una investigación por el uso de testigos “no idóneos” para este caso.
USO DE LOS JEEPS J8, INICIO DE ANÁLISIS
El 3 de septiembre del 2018, la jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, Hilda Pineda, había anunciado una investigación de oficio para determinar si la decisión del gobierno del expresidente Jimmy Morales de circular los vehículos Jeep J8 en los alrededores del inmueble donde se ubicaba la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) era una forma de intimidar a operadores de justicia.
No obstante, el caso pasó de la Fiscalía de Derechos Humanos a la de Delitos Contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, la cual fue inaugurada en diciembre del año pasado.
El fiscal Marvin Sazo, que está a cargo de esa nueva Fiscalía, explicó que debido a la reciente creación de esta, ha iniciado a hacer los análisis respectivos, pero que para este caso aún faltan diligencias que realizar y finalizarlas para emitir una opinión.
INVESTIGACIÓN A PATRICIA MARROQUÍN POR CHEQUES, EN RESERVA
Mientras que el 22 de febrero del 2019, María Consuelo Porras anunció que se investigaría de oficio a la ahora exprimera dama, Patricia Marroquín de Morales, por una investigación periodística donde se le vincula con el exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Othmar Sánchez.
La investigación señala que tanto la Patricia Marroquín de Morales, así como el expresidente Jimmy Morales, recibieron Q250 mil en cuatro cheques como apoyo para la campaña del 2015. Sánchez fue declarado prófugo en el caso Botín Registro de la Propiedad.
El jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, Stuardo Campo, señaló que actualmente el caso continúa bajo reserva y que no puede dar más detalles del curso que esta lleva.
ANTECEDENTES DE SAMMY MORALES, INVESTIGACIÓN CONTINÚA
El 30 de enero de 2019 se anunció la investigación de oficio luego de que este vespertino revelara que el hermano del expresidente Jimmy Morales, Sammy Morales, quien pretendía lanzarse a la candidatura de diputado, ordenó eliminar a personal policial, sus antecedentes policíacos.
El jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Melvin Medina, dijo que en esta investigación “aún les falta”, esto debido a que puede ser diferente lo que solicita a lo que se les entrega, esto sobre el protocolo existente para borrar los antecedentes.
“Eso es lo que hay que ver, porque en su momento se mencionaban muchas cosas, pero no va por allí el tema porque no hay quien se suponía había dado el ok (para la entrega de los antecedentes)”, dijo Medina, que aseguró que la investigación continúa en marcha.
INDEMNIZACIONES EN EL CONGRESO, EN INVESTIGACIÓN
El Ministerio Público también anunció una investigación de oficio contra la Junta Directiva del Congreso del 2018, presidida por Álvaro Arzú Escobar, luego de que una investigación de este vespertino revelara que pagaron más de Q22 millones en indemnizaciones de 20 trabajadores del Legislativo que estaban bajo el renglón 011.
El jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, que también lleva este caso, dijo que ya tienen informes de la Contraloría General de Cuentas (CGC), pero aseguró que estos “no les dicen mayor cosa”, y que aún no han tenido elementos positivos para el desarrollo de estas pesquisas.
NOMBRAMIENTOS ILEGALES, EN INVESTIGACIÓN
El 15 de octubre del 2018, Porras anunció que se investigaría de oficio los nombramientos de fiscales regionales y de la coordinadora nacional que se hicieron en el periodo de la ex Fiscal General, Thelma Aldana. El caso también quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Administrativos.
El fiscal Melvin Medina detalló que en este caso ya cuenta con información de Unidad de Capacitación (Unicap), del despacho y de recursos humanos al respecto de los nombramientos, pero aseguró que aún faltan algunos aspectos para la investigación.
“Hay otras cuestiones, ya nos sentamos a hacer un análisis, hay otras cuestiones que se tienen que pedir, porque falta, la información es bastante”, aseveró Medina.
DESOBEDIENCIA A LA CC, EN INVESTIGACIÓN
El 28 de enero del 2019, el Ministerio Público anunció que se estaría investigando de oficio si se estaban respetando las resoluciones que había emitido la Corte de Constitucionalidad (CC) en torno a un amparo que dejó sin efecto una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra tres magistrados de la CC.
El caso también a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos, por lo que Melvin Medina explicó que en este tipo de casos se tiene que confrontar la información, ya que esto se tratan de casos que provienen de una sentencia de la CC, por lo que se debe ver si se solicitó en su momento una debida ejecución.
Ante esto, Medina aseguró que se debería esperar que alguien solicite una debida ejecutoria del caso y que la misma Corte de Constitucionalidad la conceda.
¿Se ha procurado encubrimiento o hay eficiencia?
La Hora consultó a dos profesionales: uno del Centro de Estudios de Guatemala (CEG) y otro del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), para conocer qué opinan del anuncio de diferentes investigaciones de la fiscal general, María Consuelo Porras y del estatus en el que se encuentran. Estas fueron sus opiniones:
Samayoa: Ha existido sospecha de encubrimiento
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), aseguró que “no es de extrañar” que los casos no avancen rápido y que incluso ha existido la sospecha de que se ha procurado encubrimiento, desde el aspecto político, para que los casos no avancen.
“Hoy por hoy lo que se puede decir es que se empiezan a conocer por una presión política que el Ejecutivo está ejerciendo”, dijo Samayoa.
Sobre las investigaciones de oficio que ha anunciado la Fiscal General, Samayoa dijo que hay un problema de fondo, que es la obtención de información pronta, lo cual se debe a que ciertas personas con poder político.
“Por eso es que siempre se dice que una persona con cierto poder político o con capacidad de manejar algún tipo de estructura, siempre maneja elementos de información más lentos o a su beneficio”, dijo Samayoa.
El entrevistado agregó que aunque las presiones políticas se den, la información seguirá siendo lenta.
CIEN: MP ha mantenido ritmo de eficiencia
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN), indicó que según estudios recientes el Ministerio Público ha mantenido eficiencia en su trabajo, asegurando además que la mediatización de la persecución penal ha cedido ante un tema más profesional y técnico.
“El costo es eso, ya no se ocupan las primeras planas ni se usa perversamente la persecución, que todavía se da esa práctica, no se ha eliminado tan fácilmente, creo que la tentación de justificar su trabajo de investigación haciéndolo público no ha terminado lamentablemente, pero el tema es de medición y no de percepción”, dijo Quezada.
Quezada explicó que la percepción debe ceder espacio a la medición sobre el trabajo que hace el Ministerio Público; reiteró de acuerdo con la medición que hacen en el CIEN, el ente investigador no ha bajado en su eficiencia y que ha mantenido un ritmo.
