La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), informó que de manera judicial se ordenó la anulación del contrato de operaciones de APM Terminals. Según explicaron, fue la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo la que notificó los autos que resolvieron los recursos por los cuales la sentencia de fecha 16 de octubre de 2017 emitida por esa Sala jurisdiccional, aún estaba pendiente de adquirir firmeza».
Mientras, APM Terminals, indicó que dicha notificación tiene relación con los últimos recursos interpuestos por la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y APM Terminals Quetzal, S.A.
«Respetuoso de las decisiones de las autoridades pertinentes y acatará las resoluciones e instrucciones de las cortes guatemaltecas y autoridades administrativas», agregó.
Por otro lado, APM Terminals afirmó que continuará operando con altos estándares, transparencia y eficiencia para contribuir al normal funcionamiento de la cadena logística de Guatemala, «hasta el momento en el que le sea permitido por las autoridades competentes», aseveró
APM Terminals realiza análisis y evalúa acciones legales por anulación de contrato de portuario
En contraste, la empresa portuaria indicó que de acuerdo con el contenido de esa sentencia, la Sala declaró la «nulidad absoluta» de los contratos de usufructo oneroso, su modificación y el contrato de operaciones suscrito por APM Terminals, los cuales se dieron de forma original con la entonces Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Sala anula contrato portuario de APM Terminals; EPQ se pronuncia
ANALISTAS ABORDAN ESCENARIOS
Las consecuencias que podrían venir para el país, tras la nulidad del contrato portuario con APM Terminals Quetzal, dictada por una Sala de Corte de Apelaciones, serían en dos vías: económicas y jurídicas, según el análisis de expertos consultados. .
ROSAL CONSIDERA QUE SE TENDRÍAN IMPLICACIONES ECONÓMICAS
El analista independiente Renzo Rosal confesó que le causó sorpresa la decisión de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, en la que declara la nulidad absoluta de los contratos suscritos con APM Terminals Quetzal, S. A.
Señaló que, el caso puede verse desde tres puntos de vista, lo político, lo económico y lo judicial.
Rosal asegura que, en lo político, dado el contexto en el que se ha conocido el caso, lo que quieren es poner contra la pared al Procurador General de la Nación (PGN), esto como consecuencia de la actitud asumida por los diputados en el Congreso de la República, especialmente de Inés Castillo y Vitelio Lam.
Esto en referencia a lo que ya fue solicitado por Castillo, quien tras lo resuelto por la Sala pidió al Ejecutivo la destitución de Saavedra.
En la segunda consideración, Rosal ve implicaciones económicas por la movilidad comercial que, diariamente, representa para el país esta terminal marítima, hablando desde el punto de vista de ingreso y egreso de mercaderías.
Y por último, en lo jurídico, Rosal cree que el caso puede tener repercusiones en el ámbito del derecho internacional, pues puede llegar a algún arbitraje, cuya historia del país ha representado pérdidas para el Estado de Guatemala, lo que se traduce en restar recurso que pueden utilizarse en otras necesidades para el país.
MORALES: CONTRATOS PROVOCAN LESIVIDAD AL ESTADO
Por su parte, aunque visto del lado jurídico, el abogado Oscar Morales afirmó que la decisión de la Sala en esta instancia, únicamente se debe acatar, aunque esto repercuta en el comercio de ingreso y egreso de mercaderías.
Aseguró que la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) no tiene alternativa, por lo que obligadamente tiene que suspender las operaciones y deberá sufrir las consecuencias de tipo comercial nacional e internacional.
Agregó que por la consideración de uno o del otro, habrá una afectación, sin embargo, reiteró que si estos contratos provocan una lesividad para el Estado, no sólo hubo que judicializarlo, sino que se deben acatar las consecuencias legales que, desde un inicio, se preveían.
FERNÁNDEZ MOLINA: SE PODRÍA ESPERAR UN RECLAMO
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Fernández Molina, aprobó la resolución emitida a por la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, pues asegura que eso es lo que cabía por tratarse de un contrato lesivo para el Estado, por lo que señaló que es procedente su anulación.
El exmagistrado advirtió que existe algo que no se debe perder de vista, sobre todo en materia de inversión extranjera, y es la implicación que esta decisión podría causar en el derecho internacional con algún tipo de reclamo ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias en Inversión.
Con ello, coincidió con Rosal al afirmar que la experiencia de Guatemala en procesos de arbitraje no ha sido en beneficio del país, como lo sucedido en el caso de Ferrovías, ejemplificó.
Por último, como consecuencia Fernández, aseguró que lo resuelto por dicha Sala traerá una demanda para el Estado de Guatemala.
