La jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, fijó para el próximo 12 junio la audiencia en la que se decidirá si es ligado o no a proceso el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, Avidán Ortiz, en el caso conocido como Asalto al Ministerio de Salud.
El Ministerio Público acusa a Ortiz, de presuntamente cometer el delito de tráfico de influencias, pues se le señala de haber influido en la contratación de dos profesionales del Derecho en el departamento jurídico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), durante la administración del entonces ministro Jorge Villavicencio.
PRIMERA DECLARACIÓN
Durante su intervención la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), pidió a la juzgadora ligar a proceso penal a Ortiz por la posible comisión del delito de tráfico de influencias, pues lo acusa de haber influenciado en el nombramiento de personal en la cartera de Salud.
Según la Fiscalía, Ortiz habría influido en la contratación por servicios técnicos o profesionales a favor de Luisa María Marroquín Trabanino y Olga Marina Cu Son, asignadas al departamento jurídico.
Además, se le señala de supuestamente haber utilizado su calidad de decano de Derecho de la USAC, para nombrar como examinadora de fase pública y privada a Saraí Villavicencio, hija del exministro de Salud, quien es sindicada de presuntamente dirigir los negocios en el MSPAS del 2012 al 2015.
Es de señalar que la vinculación de Ortiz en este proceso se dio luego de que el colaborador eficaz Jorge Estuardo Estévez Cabrera declarara que uno de los favorecidos con plazas en Salud había sido el exdecano de Derecho.
En tendencia:
DECLARA EN SU DEFENSA
Ante ello, Ortiz no sólo decidió declarar, sino que, además de negar que haya participado en los hechos que se le imputan, dijo que conoció a Estévez cuando éste era oficial de juzgado y él ejercía la profesión liberal en el área penal.
Aseguró que conoció a Saraí Villavicencio cuando ella era estudiante de Derecho, pues como decano, tuvo la posibilidad de entablar conversación con sus estudiantes.
Agregó el sindicado que, en el caso de Luisa María Marroquín Trabanino, la única relación que tuvo fue con su padre, pues fue asesor del bufete de dicha facultad en La Antigua Guatemala.
Con respecto a un supuesto correo presentado como indicio para su vinculación en el caso Asalto al Ministerio de Salud, Ortiz dijo que éste es un «borrador», ya que no sólo no tiene remitente, sino tampoco se puede comprobar si es original, ya que se destruyó el dispositivo en el cual, aparentemente, se encontraba almacenado.
Adiós a las investigaciones de oficio: Consuelo Porras pide a La Hora denuncias para investigar
HECHOS
Los hechos que se le atribuyen al exdecano de la Facultad de Derecho de la USAC se relacionan con su supuesta integración a una estructura criminal, que operó a lo interno de la cartera de Salud entre 2012 y 2014.
Además, se le señala de haber intervenido en la contratación de personal del MSPAS y en la adjudicación anómala de proyectos de construcción de hospitales.
Según el MP, la red de corrupción, presuntamente estaba integrada por Jorge Villavicencio, quien fungió como ministro de Salud durante el gobierno de Otto Pérez Molina, del Partido Patriota.
En este proceso se señala a la hija del exministro, Cándida Saraí Villavicencio, y al menos otros 15 funcionarios que ya han sido procesados, incluyendo a exdiputados al Congreso de la República como es el caso del expresidente del Legislativo Gudy Rivera y de Anabella de León, quien también fungió como Registradora General de la Propiedad.
En este grupo también se imputa delitos a los exdiputados y excandidatos presidenciales Estuardo Galdámez, propuesto por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN NACIÓN), y Luis Fernando Pérez, del Partido Republicano Institucional (PRI).
A este último, junto a la hija del exministro se le acusa de supuestamente dirigir una estructura a lo externo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), para nombrar a personas de confianza en puestos claves dentro de la cartera de Salud.
Cámara Penal de Baquiax confirmó cierre del caso por adopción irregular contra Sandra Jovel
