A través de su abogado defensor, el excontralor y exsuperintendente de Administración Tributaria (SAT), Marco Tulio Abadío, rechazó la solicitud del Ministerio Público (MP), para que Q34 millones de saldos congelados en sus cuentas bancarias pasen al Estado, y por aparte pidió como medios de prueba, la comparecencia de más de 17 testigos.
La negativa del exsuperintendente de la SAT se dio durante la audiencia de extinción de dominio a cargo del juez Marco Antonio Villeda, en la que la representación de la Procuraduría General de Nación (PGN), se adhirió a la petición planteada por el MP.
Además, por primera vez, en un proceso de extinción, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en su calidad de tercero con interés, también se pronunció a favor de la solicitud planteada por el órgano de la investigación penal.
Por su parte, la defensa del exsuperintendente de la SAT dijo oponerse «rotundamente» a la acción planteada por el MP, sobre todo porque el mismo órgano de la persecución penal indica que en este caso hubo triangulación de fondos y mezcla de capitales, lo cual lo hace incongruente.
Señala que, en la información presentada se habla de 79 cheques relacionados con 79 contratos, lo cual no es así, puesto que dada la cantidad de documentos proporcionados se puede determinar que existen cerca de 200 contratos, esto debido a que existen cerca de 120 contratos promovidos a través de Juntas de Cotización, explicó.
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PRUEBA
Como parte el ofrecimiento de la prueba, la defensa de Abadío presentó la solicitud de más de 17 testimonios, entre los que, en su mayoría, resaltan exfuncionarios de la SAT, como es el caso de Carlos Rodas, quien fungía como Gerente, uno de los cargos que se señala dentro del proceso como clave, puesto que se cree que fue designado a conveniencia.
Además, se pidió la comparecencia de otros personeros de la SAT como el encargado de Almacén, José Morales, así como de Carlos López Santizo, quien fungía como encargado de Contabilidad, Henry Almengor, quien se figuró como parte del Directorio, y Antonio Isaac González, jefe de Recaudación y Gestión.
A esto se agrega Carlos Muñoz Roldán, quien se desempeñó como Intendente de Recaudación y Gestión de la SAT, así como los miembros de las 122 Juntas de Cotización que aparecen en la información que obra en el referido proceso.
EMBARGO
El embargo de los Q34 millones se dio luego de que el Juzgado de Extinción de Dominio así lo decretara en octubre de 2018 no solo a Abadio, sino también a su hijo Junior Vinicio Abadío Carrillo.
Según la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, el monto referido proviene de transferencias que el exsuperintendente realizó desde cuentas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a dos bancos, las cuales fueron consideras sospechosas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
La argumentación del MP da cuenta de que el movimiento de dinero empezó darse en el 2002 y 2004 hacia cuentas bancarias de una empresa de su propiedad.
SENTENCIA SUSPENDIDA
Abadío Molina fue condenado en 2007, por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, a 30 años y seis meses de prisión por los delitos de concusión, fraude y lavado de dinero u otros activos por lo que se consideró «desfalco» millonario a la SAT.
Pero, en abril de 2018, recuperó su libertad, luego de que le fuera otorgada, por un juez de Ejecución Penal, una redención de la pena.
