Tras más de ocho horas de audiencia, el juzgado Duódecimo Penal, presidido por la jueza Karen Chinchilla, ligó a proceso penal los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por el delito de fraude por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), en las elecciones 2023.
Además, dictó falta de mérito por el delito de abuso de autoridad imputado por el Ministerio Público (MP), contra la magistrada Irma Elizabeth Palencia Orellana, por haber firmado el contrato de adquisición del referido sistema.
Los magistrados titulares del TSE ligados a proceso, además de Palencia Orellana son Mynor Custodio Franco Flores, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Ranulfo Rafael Rojas Cetina.
MEDIDAS SUSTITUTIVAS
En cuanto a la petición del MP de dictar prisión preventiva por peligro de fuga u obstaculización de la verdad, la juzgadora consideró decretar medidas sustitutivas a favor de los sindicados.
De tal cuenta, aseveró que deben tener la disponibilidad de presentarse a las audiencias que sean fijadas por dicha judicatura, así las que sean requeridas por el MP.
En cuanto al peligro de fuga y averiguación de la verdad, los cuatro magistrados juraron ante la juzgadora que no faltarán a este compromiso, por lo que también les fue impuesto el arresto domiciliario, entendido este que puede ser en su propio domicilio o residencia, quedando en la libertad de estar dentro del territorio nacional y movilizarse a sus labores diarias.
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La siguiente medida decretada es la obligación de presentarse al MP cada mes a firmar su comparecencia, el cual quedó fijado del 10 al 15 de cada mes, iniciando este el mes de abril, siendo la sede central ubicada en el Barrio Gerona el lugar que deben abocarse.
También, la prohibición de comunicarse con las empresas involucradas en la compra del referido sistema, así como a las personas que han brindado información en el presente proceso, y los auditores de la Contraloría General de Cuentas que participaron en las auditorías realizadas.
Además, de la prohibición de salir del país, para lo cual se enviará al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), el aviso respectivo.
Con la relación a la caución económica le fue impuesto el pago de Q100 mil que deberán ser cancelados en la tesorería del Organismo Judicial (OJ), a más tardar mañana viernes 15 de marzo a las 15:00 horas, de no ser así, será emitida la orden de aprehensión correspondiente.
SATISFECHOS CON EL FALLO
Al salir de la audiencia, el magistrado Aguilera dijo que estaba conforme con la decisión de la juzgadora y que retomaría sus funciones en el TSE, pues están pendiente las propuestas de Reforma Electoral a través de la CAME.
En tanto, Palencia dijo estar conforme con la falta de mérito que le dictó la jueza, ella se había limitado a firmar el contrato en sus funciones como presidenta del TSE, que es lo que le señalaba el MP por el delito de abuso de autoridad.
Por su parte, el magistrado Mynor Franco se refirió al tema del precio del sistema, afirmó que Guatemala es el país donde había sido adquirido al menor precio, pues en otros países como Costa Rica fue adquirido en dólares.
LA INVESTIGACIÓN
Como consecuencia del fallo de la juzgadora, el MP solicitó el plazo de 5 meses realizar la investigación respectiva y poder presentar los actos conclusivos, por lo que fue fijada esta audiencia para el 14 de agosto.
Mientras que para la etapa intermedia, la juzgadora indicó que la audiencia respectiva sería para el 29 de agosto.
EL CASO
Los magistrados titulares del TSE son señalados por el MP por la supuesta compra anómala del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el cual fue utilizado en las elecciones 2023.
En este caso, a excepción de la magistrada Irma Elizabeth Palencia Orellana, a quien se le imputó el delito de abuso de autoridad, los cuatro magistrados fueron sindicados por el delito de fraude.
Previo a emitir las respectivas órdenes de captura, el pasado 11 de enero, por los delitos antes mencionados, los magistrados perdieron su inmunidad, ya que el pasado 30 de noviembre de 2023, el pleno de diputados los despojo de este derecho.
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