El abogado constitucionalista, Edgar Ortiz opina que las medidas adoptadas por el gobierno de Canadá a sancionar a funcionarios del Ministerio Público (MP), además de buscar penalizar a aquellos que socavaron la democracia y obstruyeron la transición pacífica del poder en Guatemala, también tratan de disuadir de cometer acciones similares y apoya al gobierno democráticamente electo.
Ortiz asegura que estas sanciones se aplican bajo la Ley de Medidas Económicas Especiales (SEMA) de Canadá, que permite imponer medidas contra individuos extranjeros involucrados en graves violaciones de derechos humanos o corrupción significativa.
Como consecuencia, afirma que a los sancionados se les congelan los activos en ese país, y se les prohíbe la entrada, lo que incluye viajar, trabajar o estudiar en tierras canadienses.
1️⃣ Hoy, Canadá ha anunciado sanciones 🚫 contra cuatro funcionarios de Guatemala: la Fiscal General Consuelo Porras, los fiscales de la FECI, Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y el juez penal Jimmi Bremer. ¿Qué implica esta acción? 🤔https://t.co/ykOteEe571 https://t.co/sI9G7t0l8y
— Edgar Ortiz Romero (@edgar_ortizgt) February 20, 2024
Ortiz explica que medidas similares se han aplicado para personas de Venezuela, Nicaragua y Rusia.
SANCIONADOS
La reciente sanción emitida por Canadá contra funcionarios del MP, no solo alcanza a la fiscal General y jefe del MP, María Consuelo Porras, sino también incluye al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a la fiscal Regional de Noroccidente, Cinthia Monterroso, y el juez Penal B, Jimi Bremer.
Según la información proporcionada por el gobierno canadiense, los sancionados participaron de manera «directa o indirecta» en promover la corrupción y graves violaciones a los derechos humanos con impunidad «durante la administración del presidente Alejandro Giammattei».
Más detalles:
ANTECEDENTES
Las sanciones emitidas por Canadá han tenido una larga lista de funcionarios de varios países a quienes se les ha restringido el ingreso a territorio canadiense.
Entre ellos, sobresalen varios centenares de ciudadanos de Rusia, 97 personas de Venezuela, incluido el jefe de Estado Nicolás Maduro, 35 de Nicaragua, y ahora los cuatro funcionarios del MP de Guatemala.
