Exoperadores de justicia exiliados en el extranjero, en una audiencia celebrada ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), expusieron que el sistema de justicia del país no solo se encuentra cooptado, sino que también se hace «uso indebido del sistema penal».
ESCOBAR: ESTATEGIA DE ATAQUE
Claudia Escobar, exmagistrada de Corte de Apelaciones, exiliada desde hace 9 años, dijo que el sistema de justicia en el país se ha deteriorado en los últimos años, lo cual ha permitido la persecución en contra de operadores de justicia y defensores de derechos humanos.
Agregó que la cooptación de la justicia a dado como resultado la «utilización indebida del sistema penal», especialmente por el Ministerio Público (MP) y algunos órganos jurisdiccionales, lo cual ha provocado la práctica de una «estrategia sistémica que ha permitido denuncias espurias, presentación de antejuicios, emisión de órdenes de aprehensión, investigaciones que se declaran en reserva para obstaculizar el acceso a la justicia, despliegues de campaña de desprestigio, estigmatización en redes sociales y medios de comunicación».
En cuanto a la cooptación de la justicia, Escobar recordó que este fenómeno se ha dando desde 2014, con la elección de las actuales autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que debido a irregularidades en el proceso de postulación del 2019 y la falta de elección del Congreso de la República de sus sustitutos, han continuado en el cargo.
PAZ Y PAZ: OBJETIVO CLARO
La exfiscal General, Claudia Paz y Paz, dijo que la cooptación de la justicia y la manipulación del sistema penal están poniendo en riesgo el proceso electoral y la democracia, específicamente por la persecución que se ha dado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al recientmenete suspendido de forma temrporal partido político Movimiento Semilla, ganador de las elecciones presidenciales, tras la finalización de la primera ronda de los comicios, el 25 de junio, afirmó.
«El objetivo es claro, y es impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, a toda costa tomen posesión de sus cargos el 14 de enero», expuso.
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Explicó que la manipulación del sistema penal ha sido tal que el juez séptimo penal A, Fredy Orellana, suspendió a Semilla, amparado en la Ley contra el Crimen Organizado, por una supuesta falsificación de firmas para la constitución como partido político.
GÁLVEZ: EN EL EXILIO
La exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Flor de María Gálvez, afirmó que como consecuencia de la criminalización, actualmente, se encuentran 45 exoperadores de justicia en el exilio, y más de 10 enfrentan procesos penales en Guatemala.
Como ejemplo, indicó que los casos que se siguen en contra de Virgnía Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, y Claudia González, también exmandataria de la CICIG.
Aseveró que quienes están en el exilio no han cometido ningún delito, y que se les señala por haberse «atrevido a desafiar» al poder en Guatemala, ejerciendo su trabajo con dignidad e integridad.
Expuso que en función de sus cargos, investigaron casos de corrupción del gobierno de Guatemala, redes de lavado de dinero, de activos que involucraban actividades gubernamentales y narcotráfico, entre otras.
SANDOVAL: CESE DE PERSECUCIÓN
El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, pidió que el Estado guatemalteco y el MP «cesar de forma inmediata co la persecució y acoso judicial» en contra de operadores y exoperadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y magistrados del TSE.
Pidió la creación de un mecanismo especial para el seguimiento de las recomendaciones que surjan de la audiencia y que se otorguem medidas cautelares a las autoridades indigenas, las cuales convocaron a la ciudadanía a manifestar su rechazo a las acciones que la Fiscalía, dirigida por la Fiscal General, María Consuelo Porras, efectúa en contra de los comicios, con lo cual se exigió la renuncia a la titular del órgano encargado de la persecución penal.
También dijo que el Estado guatemalteco se abstenga de efectuar cualquier tipo de acción en contra de los exoperadores de justicia que participaron en la audiencia, y que se dé seguimiento a los informes relacionados con Guatemala, relacionados con el Capítulo 4 de 2023.
GOBIERNO RECHAZA SEÑALAMIENTOS
Ramiro Contreras, director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) afirmó que en Guatemala no existe criminalización ni hostigamiento contra exoperadores de justicia, funcionarios electorales, defensores de derechos humanos y periodistas, como se aseveró en el desarrollo de la audiencia.
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También dijo que se opone a la afirmación que indica que el MP hace uso indebido del sistema penal, y aseguró que en el país no existe un débil control jurisdiccional, ya que la justicia se imparte de acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes, «respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa».
En relación a los supuesta violación de derechos políticos y civiles, Contreras descartó tales hechos, y afirmó que el proceso electoral ya finalizó y los cargos fueron adjudicado, respetando con ello el derecho de elegir y ser electo.
Agregó que actualmente existe un proceso de transición acordado entre las autoridades salientes y el equipo del gobierno electo.
STALLING: NO SE INTERVIENE EN RESOLUCIONES
En la misma audiencia, participó la magistrada Blanca Stalling, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien dijo que dese dicha instancia no se interviene en las resoluciones judiciales.
«Nosotros, como magistrados de la CSJ, no podemos intervenir en los procesos ni darle ningún tipo de instrucción a los jueces. Respetamos sus resoluciones y cuando llegan acciones o solicitudes, ya sea de los querellantes, del Ministerio Público, o de cualquier otro sujeto procesal a la CSJ, ahí es el momento en que nosotros intervenimos
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