Por Cristian Velix
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El jefe de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Melvin Medina, expresó que, en el caso de los antejuicios de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), se tendrán que pedir informes a esa instancia, como también a la Junta Directiva del Congreso de la República.
Dicha unidad de investigación fue la designada por el Ministerio Público (MP) para que esté a cargo del expediente por una posible desobediencia de parte la Comisión Permanente del Congreso, esto por no remitir a la Corte la petición de retiro de inmunidad que se planteó en contra de cuatro de sus integrantes.
En ese sentido, el fiscal mencionó que se debe verificar la negativa o el por qué no fue remitida la pieza original, razón por la que se le deberá solicitar un informe a la Junta Directiva, lo cual serían parte de las diligencias de investigación.
Asimismo, Medina señaló que a lo interno de esa sección de la entidad que dirige Consuelo Porras se deberá hacer un análisis sobre qué peticiones se harán en esta investigación, con el fin de verificar los extremos que se denuncian, aunque no ahondó en detalles.
En este momento el fiscal no ofreció mayores detalles, aunque en otros casos él ha declarado que han tenido que correr para trabajar, incluso fines de semana y presentarlos, lo cual no es el caso en este tema de las Cortes.
CASO
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite el 26 de junio una solicitud de retiro de antejuicio que se planteó en contra de los magistrados Gloria Porras, Bonerge Mejía, Neftaly Aldana y José Francisco de Mata, esto por una resolución emitida por la CC el 6 de mayo pasado por la elección de Cortes.
De esa manera, la CSJ, integrada por suplentes, decidió remitir al Congreso de la República el expediente de retiro de antejuicio, sin embargo, la CC resolvió, tras la interposición de tres amparos en contra de esa acción, que dichas diligencias debían suspenderse.
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Asimismo, la CC ordenó que se trasladara a esa entidad la petición de retiro de antejuicio original, sin embargo, el Legislativo solo remitió una copia legalizada, tras lo cual la Corte resolvió certificar lo conducente en contra de la Comisión Permanente del Congreso.
