Por Cristian Velix
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Tras tres horas de espera, el Ministerio Público (MP) emitió este día un comunicado, indicando, tras la certificación de lo conducente a la Comisión Permanente del Congreso, que su labor “analítica, técnica e investigadora” siempre será apegada al principio de legalidad y alejada de presiones externas.
“De esa cuenta el MP procedió a atender y se encuentra analizando todas y cada una de las diversas denuncias recibidas en torno al amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad y la certificación parcial emitida por esta dentro del expediente 2187-2020, tal y como lo establece la ley”, añadió el ente investigador.
Dicho expediente refiere a la acción promovida por Acción Ciudadana (AC), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Fundación Myrna Mack (FMM), para que se detuvieran el trámite de retiro de antejuicio en contra de cuatro magistrados de la CC.
Por otra parte, el MP manifestó que siempre debe perseguir la justicia, como garantía del respeto al régimen de legalidad y a todos los derechos de las partes y personas involucradas dentro de una denuncia presentada.
El MP informó que procedió a atender y esta analizando «todas y cada una de las diversas denuncias» recibidas en torno al amparo provisional otorgado por la CC y la certificación parcial emitida. pic.twitter.com/nfJINBlbbE
— Diario La Hora (@lahoragt) July 1, 2020
“Para lo cual únicamente informará sobre el resultado de las acciones siempre que no vulnere el principio de inocencia, el derecho a la intimidad y la dignidad de las personas, de conformidad con lo establecido en la Carta Magna, nuestra Ley Orgánica, el Código Penal y el Código Procesal Penal”, agregó la institución.
Asimismo, la entidad que dirige Consuelo Porras señaló que es respetuoso de la ley y reafirma su compromiso con la ciudadanía para promover acciones objetivas e imparciales, sin prejuzgar a favor o en contra de ninguna persona.
“Sino por el debido respeto al debido ordenamiento jurídico y velando por el estricto cumplimiento de la ley y la defensa de la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados y convenciones internacionales ratificados por el Estado de Guatemala”, puntualizó el ente investigador.
