Por Cristian Velix
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La Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC), para que se suspenda la creación del juzgado especializado que conocerá de delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos.
La agrupación estudiantil señaló que la decisión de Guatemala de afrontar la corrupción y delitos que lesionan la correcta administración del Estado, se ve materializada en la ratificación de instrumentos internacionales y en la Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo.
Esta última normativa establece que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinará los tribunales competentes para que conozcan los procesos que presenten mayor riesgo para las personas que intervienen en el proceso penal.
Dichos órganos jurisdiccionales han conocido expedientes judiciales de hechos de corrupción y han tenido a su cargo causas penales en las que se han visto señaladas presuntas estructuras criminales en las que han intervenido funcionarios públicos.
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CSJ centraliza en un juzgado todos los casos de corrupción ??[https://t.co/TyluVocjsk] pic.twitter.com/pARXZwC4aM— Diario La Hora (@lahoragt) June 25, 2020
Por ello, la AEU señaló que el nombramiento de un solo tribunal penal, de competencia nacional, como lo regula el Acuerdo 22-2020 de la CSJ en donde se da crea el juzgado especializado para conocer los casos de los funcionarios y empleados públicos, vulnera la legislación existente en el país.
“La política judicial de emitir dicho acuerdo deviene incoherente con la actividad permanente de perfeccionar los modelos de justicia”, añadió en su acción legal la AEU, la cual agregó en un comunicado, que el documento de la Corte del Organismo Judicial (OJ) también vulnera derechos constitucionales.
“Dándole competencia a este juzgado se pretende que tener una justicia especial para funcionarios y empleados públicos, siendo privilegiados ante la demás población guatemalteca y, ciertamente, asegurándose impunidad”, añadió esa entidad.
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EL ACUERDO
La CSJ publicó el pasado 25 de junio un acuerdo con el cual designó al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal para que conozca de forma “exclusiva” de todos los delitos cometidos por funcionarios y empleados públicos.
De esa manera los procesos que se inicien en contra de ellos se estarán centralizando en dicha judicatura y, si bien la Corte indicó que el mismo entraría en vigor el viernes pasado, señaló que esta juzgado iniciará funciones hasta el 16 de julio próximo.
Esta judicatura se constituirá en una especializada para conocer delitos contenidos en la Ley Contra la Corrupción, Código Penal y otros delitos contenidos en otras leyes de la materia, esto con el objeto de que los demás órganos jurisdiccionales, por razones de competencia en materia penal y territorio a nivel nacional, ya no conozcan de los ilícitos cometidos por funcionarios y empleados públicos.
