Por Cristian Velix
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El Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) quedaron fuera del Caso Botín Registro General de la Propiedad (RGP), luego de que las apelaciones especiales que presentaron por ese expediente judicial no cumplieron con los requisitos legales.
La razón de la exclusión de los recursos se debe a que la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal declaró con lugar una reposición interpuesta por los acusados, luego de que el ente investigador enmendara los errores de su recurso de forma extemporánea.
Es de resaltar que los magistrados Jaime González, Edith Pérez y Zonia de la Paz Santizo aceptaron la apelación especial del MP, incluso, con los errores corregidos fuera de plazo, argumentando que en el mismo se dilucidan intereses del Estado y en garantía del debido proceso.
Sin embargo, los abogados de los acusados alegaron que cuando hay una evacuación tardía, como lo sucedido por parte de la Unidad de Impugnaciones del MP, la cual es la encargada de los procesos después de los debates, el caso debe declararse desierto, por lo que lo togados tuvieron que rechazar la apelación especial.
De esa manera la posible revocatoria de la sentencia con la que se absolvió a Samuel Morales y José Manuel Morales queda en el limbo y sería un amparo la que podría determinar si el recurso del ente investigador puede ser entrado a conocer por la Sala.
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De hecho, el órgano jurisdiccional indicó que ofició a la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, para que se certificara lo conducente en contra del fiscal que se encargó del expediente judicial en segunda instancia, tras la sentencia emitida por el Tribunal Decimotercero de Sentencia Penal.
Por otra parte, la judicatura también indicó que se dio un plazo a la PGN, querellante adhesivo en esa carpeta judicial, para que corrigiera los errores de su apelación especial, sin embargo, no lo hizo, por lo que el recurso fue rechazado.
Las resoluciones fueron emitidas, previo a que se suspendieran los plazos legales en marzo pasado por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
MP: DECISIÓN NO ESTÁ EN FIRME
Consultado respecto a este tema, el jefe de la Unidad de Impugnaciones del MP, Luis Archila, expresó que sí hubo una resolución en cuanto a no admitir el recurso de apelación especial, pero ante dicha decisión se presentó un amparo.
“Estamos a la espera de la resolución del amparo, porque al final eso -fallo de la Sala- no ha causado firmeza para la Fiscalía, entonces esperamos que la Corte Suprema de Justicia, al conocerlo, indique si debe admitirse el recurso planteado”, añadió el profesional.
Respecto al porqué se evacuó de forma tardía los errores señalados por la Sala, Archila explicó que hubo una cuestión de interpretación de la notificación y “hubo un error en el fiscal”, en relación al tiempo para hacerlo.
“Se tenía la disposición de que se tenía un día y la interpretación es que el día anterior concluyó el plazo, pero como hay varias interpretaciones de cómo leer las notificaciones, entonces se hizo un planteamiento relacionado también con las notificaciones, porque al parecer no se había notificado a todos los sujetos procesales”, puntualizó el abogado.
La Hora se comunicó con Herberth Hernández, vocero de la PGN, quien indicó que, de momento, no tenía información acerca del caso, esto debido a que las instalaciones de la institución se encuentran cerradas y sería hasta el martes que se podría revisar los documentos.
CASO
En dicho proceso penal la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señaló que hubo un conjunto de eventos que fueron contratados y pagados por el RGP, cuando este era dirigido por Anabella de León, los cuales no se realizaron.
El proceso penal involucró a Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo, respectivamente, del expresidente Jimmy Morales, quienes fueron absueltos de los cargos que les fueron imputados en su momento por la FECI y que era una decisión que busca revertir la Unidad de Impugnaciones del MP.
Las indagaciones detallaron que José Manuel Morales supuestamente consiguió que el RGP le adjudicara un contrato a Fulanos y Menganos por 564 desayunos, las cuales no fueron entregados, pero se cancelaron por un monto de Q90 mil.
En ese sentido, las investigaciones explicaron que Samuel Morales pudo haber facilitado facturas a su sobrino de la empresa Plus Espectáculos, de la cual era representante, por eventos que no se prestaron al Registro.
El Tribunal que conoció del debate señaló que la FECI no logró acreditar que ellos fueran culpables de los ilícitos de los que se les acusaba y decidió absolverlos en una decisión por mayoría, que tuvo el voto en contra de la jueza Edna Maxia.
