Por Cristian Velix
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Los magistrados que resulten electos para las Salas de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuya elección iniciará hoy en el Congreso de la República, tendrán en su poder casos de alto impacto que motivaron la lucha contra la corrupción iniciada el 2015, cuando se develó el Caso La Línea.
De esa cuenta, dichos órganos jurisdiccionales conocerán expedientes investigados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en donde están implicados ex funcionarios públicos.
De hecho, el Caso La Línea, en el que están acusados el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, no tiene sentencia y serán las Salas de Apelaciones o la CSJ las que confirmen los fallos o los revoquen.
También están pendiente de resolver su situación jurídica la ex primera dama Sandra Torres y el ex secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, ambos implicados en el Caso Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Es de resaltar que Alejos también está sindicado, aparte de esa causa penal, en cinco procesos penales más, de los cuales ninguno ha llegado a la segunda instancia, por lo que las nuevas Cortes, junto a los juzgados y tribunales, determinarán si amerita o no alguna condena en los mismos.
Alianza por las Reformas señala que estos diputados “no deben participar en la Elección de Cortes por conflicto de interés”. pic.twitter.com/vRywHOaeuP
— Diario La Hora (@lahoragt) June 23, 2020
OTROS FUNCIONARIOS
Las nuevas Cortes también conocerán y resolverán los recursos y acciones legales que se interpongan en otros expedientes judiciales de alto impacto como el Caso Transurbano, Plazas Fantasma, IGSS/Eventos o Financiamiento Electoral Ilícito del Unionista.
Ninguna de esas causas penales ha alcanzado firmeza y, si bien, ya hay por ejemplo una condena de 30 años y ocho meses de prisión para el ex presidente del Congreso, Pedro Muadi, esto por realizar contrataciones irregulares en el Legislativo, dicha decisión aún podría ser revocada.
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También falta que se establezca si el expresidente Álvaro Colom y su Gabinete de Gobierno es culpable o no, esto por la emisión de un acuerdo presuntamente irregular con el que se transfirió US$35 millones a Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU).
Por otra parte, la situación jurídica de Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por la aparente suscripción irregular de contratos, sigue sin dilucidarse y las Cortes estarán conociendo recursos y acciones que se interpongan por quienes intervienen en ese proceso.
EMPRESARIOS, MILITARES Y BARREDA
Las Salas de Apelaciones y la CSJ tendrán que resolver, según el desarrollo los expediente judiciales, lo relativo al Caso Financiamiento Electoral Ilícito de FCN-Nación, en el cual están señalados varios empresarios y cuya investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos Electorales.
En esa misma situación se encuentra el Caso Genocidio, el cual está pendiente de que se emita el fallo de la etapa intermedia, para determinar si tres militares retirados deben enfrentar juicio por la posible comisión de delitos de lesa humanidad durante el gobierno de Fernando Romeo Lucas García.
También las Cortes conocerán acerca del Caso Siekavizza, el cual se encuentra en fase de juicio, sin embargo, este no se ha llevado a cabo debido a la pandemia del COVID-19, por lo que el Tribunal de Mayor Riesgo “C” tendrá que reprogramar el debate en contra de Roberto Barreda.
