El diputado Felipe Alejos fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos y Reino Unido por actos de corrupción. Foto La Hora

Por Cristian Velix
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá conocer, por cuarta ocasión, la solicitud de retiro de antejuicio que planteó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en contra del diputado Felipe Alejos, señalado en el Caso Traficantes de Influencias.

La acción de la máxima Corte del Organismo Judicial (OJ) deberá ser ejecutada después de que la CC otorgara un amparo a esa unidad de investigación, por lo que los magistrados de la CSJ tendrán que emitir una nueva resolución.

La acción a favor de la FECI se da luego de que la Corte que preside Silvia Valdés rechazara por tercera ocasión, el 2 de marzo pasado, la solicitud para levantarle la inmunidad al congresista por el expediente aludido.

Según la CC, en esta última ocasión ordenó que los magistrados emitieran un nuevo pronunciamiento en el que, al conocer las diligencias para quitar el antejuicio de Alejos, se limitare a declarar o no la existencia de hechos que puedan ser tipificados como delitos, sin emitir juicios de valor.


“Sin embargo, la autoridad impugnada -CSJ- lejos de cumplir con lo requerido se limitó a justificar el por qué, tanto el juez pesquisidor como la ella, no había emitido juicios de valor y a señalar que las presentes diligencias de antejuicio se basan en motivos espurios, pero sin fundamentar su decisión, ni cumplir con lo que le fuera requerido”, estipuló en su falló la CC.

Por ello, esa entidad detalló que ante la ausencia de razonamiento y fundamentación hicieron viable el otorgamiento del amparo solicitado, por lo que la máxima autoridad judicial tendrá que dictar un nueva resolución en cuanto a la petición para que se le quite la inmunidad al legislador.

CASO

Las investigaciones de la FECI indican que Felipe Alejos pudo estar involucrado en una estructura criminal, la cual, a cambio de coimas, agilizaba la tramitación para la devolución del crédito fiscal a las empresas.

De esa forma, la sección de investigación sostiene que el legislador pudo haber cometido el delito de asociación ilícita y cohecho activo, esto tener el rol en el grupo criminal de captar clientes, tales como el Ingenio Palogordo S.A. y Z-Gas S.A.

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