Por Cristian Velix
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La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) por lo que dejó en suspenso las medidas sustitutivas otorgadas a Gustavo Alejos en el Caso Negociantes de la Salud.
La resolución de la CC se da luego de que la unidad de investigación del Ministerio Público (MP) mencionada apelara ante esa instancia la decisión emitida por el órgano de la máxima Corte del Organismo Judicial (OJ), que había denegado la protección constitucional interina.
Inicialmente el empresario había sido beneficiado con arresto domiciliario por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, tras lo cual la Fiscalía apeló la resolución, sin embargo, la Sala Tercera de Apelaciones confirmó esa decisión.
Según esa Sala no había peligro de fuga de parte de Alejos en esa causa penal, ya que él se presentó voluntariamente a solventar su situación jurídica, asimismo, argumentó para confirmar las medidas a favor de Alejos que él era una persona de arraigo porque posee familia y negocios en el país.
Pese a ello, la FECI indicó que la “presentación espontánea” del procesado a la que hizo alusión el órgano jurisdiccional se generó dos meses después de que estuviera prófugo de la justicia y cuando se había decretado su rebeldía.
Asimismo, la sección del MP manifestó que no se puede considerar que el sindicado sea una persona de arraigo por el hecho de que tenga empresas en el país, dado que las mismas no están embargadas ni inmovilizadas.
De igual manera, la FECI mencionó que de 23 dictámenes de las evaluaciones médico forense realizadas a Alejos, establecieron que se encuentra clínicamente estable, pese a que el sindicado dijo que su estado de salud era grave y se encontraba en peligro de muerte.
Por ello, la CC indicó que en este caso concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección constitucional, por lo que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la FECI.
HECHOS
En este proceso penal, el empresario es señalado de estar vinculado a una estructura criminal en la que participaron funcionarios y empleados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), como también particulares, cuyo fin era favorecer a ciertos proveedores de medicamentos a cambio de comisiones ilícitas.
