Por Cristian Velix
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El 16 de abril de 2015 se presentó el Caso La Línea, el cual develaba la existencia de una presunta estructura criminal de defraudación aduanera que involucra a diversos exfuncionarios, sin embargo, a la fecha el proceso sigue sin resolverse y, de hecho, se encuentra suspendido.
Dicho expediente judicial fue el inicio de un conjunto investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las cuales fueron revelando actos de corrupción en la administración pública.
No obstante, el trámite de esa carpeta judicial ha estado detenido por múltiples acciones y recursos legales interpuestos por los sujetos procesales y, si bien el inicio del juicio estaba programado para el 16 de marzo pasado, el mismo no comenzó debido a una recusación planteada en contra de la jueza María Eugenia Castellanos, integrante del Tribunal de Mayor Riesgo “B”.
De esa manera, hasta que una Sala de Mayor Riesgo decida si la jueza debe o no seguir conociendo esa causa penal, el diligenciamiento del debate no podrá llevarse a cabo para el expresidente Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, además de exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entre otros acusados.
CASO
Las pesquisas realizadas por la FECI y la desaparecida CICIG detallan que los señalados en este proceso penal estuvieron vinculados con una estructura criminal, la cual facilitó el ingreso de mercaderías por las aduanas del país, a cambio del cobro de sobornos.
