El Juzgado Octavo de Sentencia resolvió ligar a proceso penal a dos exfuncionarios. Foto de Archivo

Por Cristian Velix
cvelix@lahora.com.gt

Al menos 15 audiencias de casos de alto impacto han tenido que suspenderse en las últimas dos semanas, por las actividades irregulares que se realizan en las instituciones del Sector Justicia, debido a la emergencia nacional provocada por el COVID-19, una situación que ha generado retrasos en el desarrollo de los expedientes judiciales.

De esa manera, por ejemplo, el Juzgado de Mayor Riesgo “A” suspendió las audiencias de etapa intermedia del Caso El Infiernito, en donde está acusado el ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, como también la del Caso Aceros de Guatemala, en donde están señalados exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Por otra parte, el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, dirigido por el juez Miguel Ángel Gálvez, no llevó a cabo la diligencia judicial en la que resolvería la situación jurídica de José Alfredo Guillén, esto por un procedimiento abreviado en el marco del Caso La Línea.

Asimismo, el Juzgado de Mayor Riesgo “D” no realizó la audiencia de apertura a juicio de un acusado en el Caso Migración, mientras que el Tribunal de Mayor Riesgo “C” detuvo el desarrollo del juicio en contra de 18 sindicados en el Caso Muni Chinautla: Un negocio de familia.

Dichas citaciones judiciales deberán ser reprogramadas, aunque de momento se desconoce cuándo podrían realizarse, esto ante las restricciones que han sido impuestas por el Organismo Ejecutivo para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

SE ATENDERÁN DILIGENCIAS URGENTES

El 18 de marzo pasado, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, decidió que, para no vulnerar derechos fundamentales, se llevarán a cabo determinadas diligencias, como las audiencias de primera declaración o la tramitación de garantías constitucionales, por lo que resolvió reactivar las labores en los juzgados de Instancia Penal.

Pese a ello, jueces señalaron que se debe tener una coordinación con las instituciones del Sector Justicia, mencionando que no se podían hacer audiencias si el Sistema Penitenciario (SP) no trasladaba reos a los juzgados, una medida que se mantendrá, según indicó esta última institución, hasta el 31 de marzo.

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