Por Cristian Velix
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El Ministerio Público (MP) pidió que tres militares retirados fueran enviados a juicio por estar vinculados a hechos de genocidio, cometido, según las investigaciones, en contra de población indígena Ixil, durante el gobierno de Fernando Romeo Lucas García.
De esa forma, el ente investigador solicitó que enfrentarán debate oral y público César Noguera, además de Benedicto Lucas y Manuel Callejas, quienes ya fueron condenados con anterioridad por el Caso Molina Theissen.
La petición se hizo tras la reactivación de esa causa penal, misma que se encuentra en su etapa intermedia y que está a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, quien deberá resolver si accede o no a lo pedido por la Fiscalía.
Por su parte, los abogados empezaron a emitir sus argumentos en torno los señalamientos presentados por el MP, entre ellos Mario Cuevas, quien dijo que en la acusación del ente investigador no se especificó que los actos, conductas o comportamientos de su patrocinado -Noguera- llevaron a los grupos de tropa a cometer atrocidades.
“Esta representación no pretende justificar de ninguna manera los hechos, es indudable que es reprochable”, argumentó Cuevas, al tiempo que agregó que no solo el Ejército cometió “atrocidades”, pero que eso no está en la investigación de la Fiscalía.
“Los testimonios que han sido rechazados por este órgano jurisdiccional son parte de la gente que pertenece al grupo Ixil y que dan cuenta y testimonio de quiénes fueron los grupos que cometieron esos hechos”, añadió el abogado, asimismo, manifestó que el MP no toma con seriedad la responsabilidad penal que pudieron tener miembros de la Guerrilla en estos sucesos.
CASO
Las pesquisas realizadas por el ente encargado de la persecución penal detallan que los tres militares retirados estuvieron involucrados en acciones que llevaron a la consumación de al menos 31 masacres en contra de pobladores de los municipios de San Gaspar Chajul, Santa María Nebaj y San Juan Cotzal, de Quiché.
Entre los actos que fueron investigados por la Fiscalía se encuentra el ocurrido el 27 de agosto de 1981, en horas de la noche, cuando, según explicó, en una aldea de San Juan Cotzal, unidades del Ejército ingresaron de forma violenta a una de las residencias, sacaron a la fuerza a Domingo Solano Aguilar, y después lo asesinaron.